“Se está haciendo una ‘reforma silenciosa’
a través de la subida de las bases máximas
de cotización”

Inmaculada Domínguez Fabián, Profesora titular de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía

29 ene 2020 / 07:47 H.

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y profesora en la Universidad de Extremadura, Inmaculada Domínguez Fabián es una de las más reconocidas expertas del país en sistemas de prestación social, tanto en jubilación como en desempleo.

¿Cree positivo o negativo que el PSOE y Unidas Podemos propongan la supresión del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad liquidando la reforma del PP de 2013?

La reforma del 2013, es una reforma técnicamente muy positiva, puesto que somete al sistema a cambios automáticos. Tanto el IRP como el Factor de Sostenibilidad recogen elementos de la evolución de los gastos e ingresos del sistema y de la esperanza de vida. Estos mecanismos automáticos eliminan el riesgo político que tienen otro tipo de reformas, como son las paramétricas; ya que se ajustan a elementos de funcionamiento del sistema, y no hay que estar regulándolos repetidamente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el IRP ha sido el primer elemento de reforma que ha afectado, en toda la historia de la Seguridad Social, a las personas que ya estaban cobrando pensión. Esto, junto con la dificultad del propio indicador, y el que no fuese acordado por el pacto de Toledo, ha supuesto un rechazo social incuestionable. En mi opinión es entendible la supresión del IRP; aunque técnicamente sea un indicador muy adecuado. En cuanto al Factor de Sostenibilidad, también definido en la ley 27/2013 -aunque aún no se conoce su valor concreto-, supone que se incluye el efecto de la mayor esperanza de vida en el cálculo de la primera pensión. Considero que es un indicador más claro que el IRP y se aplica en muchos países. No afecta a pensiones de jubilación ya causadas; sino a las que se generen y siempre en función a la esperanza de vida que esa generación tenga. Considero que el Factor de Sostenibilidad sí debe ser aplicado.

En este sentido, ¿ve viable una senda de incremento de las pagas en base al IPC para los próximos años?

No considero que sea viable financieramente; dado que el incremento de las pagas en base al IPC es acumulativo y es una medida que no afecta únicamente a un año. El coste de incrementar las pensiones por el IPC (0,9%) en 2020 en lugar de por el IRP (0,25%) es de unos 11.000 millones de euros en valor actual; y si este incremento se produce, no solo en 2020, sino en los próximos años, el incremento del coste crece de forma exponencial. Además, el IPC es el índice de precios de consumo, que recoge información del incremento de los precios de una cesta de productos. Las necesidades y el consumo de personas en edad activa no son las mismas que las de las personas jubiladas. Incluso las personas jubiladas no tienen el mismo perfil de consumo en las primeras edades de la jubilación que en las últimas. Por ello considero que el IPC no es un indicador adecuado de la evolución de los precios de los productos que consumen los jubilados; y por lo tanto no es adecuado para garantizar su poder adquisitivo.

¿Es posible, como anunció el nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en su toma de posesión, compatibilizar la revalorización de las pensiones al IPC con la reducción del déficit del Sistema?

Todo es posible, lo que no veo es que sea factible. La revalorización con el IPC claramente supone un incremento de los gastos del sistema, que no conlleva a su vez ningún incremento en los ingresos; por lo cual el déficit se incrementaría. Cuestión distinta es que se planteen medidas para reducir el déficit del sistema; pero revalorizar la pensión al IPC supone incrementar los gastos de manera directa, y acumulativa.

¿Qué medidas se pueden adoptar para elevar los ingresos del Sistema?

Las medidas impositivas tienen un recorrido limitado, puesto que la presión fiscal es alta y no soporta mucho más. Medidas como la tasa google y la tasa Tobin generarían un montante de, en un escenario más que optimista, 2.000 millones de euros. Además de ser insuficiente, es una cuantía que no crecería año a año en la misma medida que lo hace el déficit del sistema.

Se baraja también la posibilidad de traspasar una parte de las cotizaciones para el desempleo a las cotizaciones para las pensiones de jubilación. Esta medida, que generaría unos ingresos muy volátiles dependiendo del ciclo económico, es, simplemente, un elemento de ingeniería financiera y no solventa realmente el problema. Además, el saldo de los Fondos de la Seguridad Social, en términos de Contabilidad Nacional, también incluye el Servicio Público de Empleo Estatal. La medida de subir las bases máximas de cotización, más de lo que lo hacen las bases mínimas, ya se está produciendo y considero que sería adecuado llamarlo reforma silenciosa. Esta medida genera inequidad si no va acompañada de un incremento similar en la pensión máxima. Las medidas relativas a reducir la precariedad y eliminar el fraude en el mercado laboral mejorarían los ingresos del sistema; al igual que lo harían aumentos de la productividad, que tendrían su efecto inmediato en el alza de los salarios y por ello de las cotizaciones.

Y del Pacto de Toledo, ¿qué podemos esperar para esta legislatura? Hay que recordar que con la anterior configuración de la Comisión no se logró un acuerdo de recomendaciones y que ahora también estará Vox en la mesa de negociación.

El Pacto de Toledo es sin duda un modelo a mantener y potenciar y es el foro para debatir y plantear cuestiones relativas a uno de los problemas que más preocupa a la sociedad: las pensiones. El Pacto es un reflejo de la situación política del país y, al igual que las fuerzas políticas han de negociar en el Congreso, lo tendrán que hacer previamente en el Pacto de Toledo.

Lo que espero es que se esté a la altura, puesto que el problema de las pensiones domina las políticas económicas y sociales de cualquier país; y en España, con el envejecimiento poblacional, este dominio es aún mayor si cabe.

Otro de los caballos de batalla del nuevo Gobierno parecen ser los incentivos fiscales en todo su espectro, que están siendo estudiados por la AIReF. Uno de ellos son los incentivos a las aportaciones de los planes privados de ahorro. ¿Qué futuro augura a este sector si el Ejecutivo decide suprimirlos? ¿Cómo impactaría en la industria?

Los sistemas complementarios de previsión social tienen tratamiento fiscal diferente en función del producto que se contrate. Esto, que podría tener sentido vinculado a la liquidez del producto, deja de tenerlo en el momento actual, en el que los Planes de Pensiones y los Planes de Previsión Asegurados gozan de ventanas de liquidez. Una homogeneización de la fiscalidad de los productos de ahorro previsional sería necesaria. Evidentemente, el ahorro para la jubilación es diferente al ahorro financiero, puesto que el horizonte de planificación y de iliquidez en muchos casos es el medio y largo plazo. Para compensar ese esfuerzo o ese coste, se instrumenta la exención fiscal de la aportación, en algunos de los productos, lo que se replica en múltiples países. Aunque realmente no es un incentivo fiscal, sino un diferimiento del pago impositivo. No considero que deban eliminarse las ventajas fiscales de los productos de planes de pensiones, dése cuenta que no se está haciendo, fiscalmente, nada que no se haga con las cotizaciones y las prestaciones de la Seguridad Social. Es importante ser conscientes de que, con el modelo de fiscalidad de exención en las aportaciones y tributación en la prestación, estamos haciendo lo mismo que con las cotizaciones a la Seguridad Social. Las cotizaciones a la Seguridad Social no se incluyen en la base imponible del IRPF; de igual forma que ocurre con las aportaciones a los planes de pensiones. Cuando se percibe la pensión de jubilación pública, ésta se imputa como rendimiento del trabajo en la base imponible del pensionista; exactamente igual que las prestaciones en forma de renta de los planes de pensiones. Por todo ello, opino que más que eliminar el tratamiento fiscal de los productos de ahorro, se debería homogeneizar el mismo. También es importante mantener una seguridad jurídica y evitar que se realicen modificaciones fiscales en el tratamiento de los productos de previsión social, con la excesiva frecuencia que se ha hecho hasta ahora.

En este sentido, ¿cómo se puede incentivar el ahorro complementario para la jubilación? Sobre todo, entre los más jóvenes que heredarán un sistema altamente deficitario y probablemente menos generoso.

Las generaciones más jóvenes son las que más han oído hablar del problema de las pensiones, y son los que van a estar más preparados para realizar un ahorro finalista. De hecho, múltiples estudios así lo atestiguan y, a pesar de lo que se pueda pensar, ahorran; aunque de una manera diferente a los de otras generaciones. Algunas de las recomendaciones serían: A nivel institucional, mejorar el nivel de información sobre el sistema de pensiones; para que todos los individuos puedan conocer una estimación de la pensión pública futura que percibirán. De esta manera se evitarían análisis tanto del tipo catastrofista como paternalistas; que poco bien hacen al sistema. A nivel sectorial, adaptar los productos de previsión al ciclo de vida; con mayores incentivos en caso de iliquidez de los productos de previsión social; y diseñar productos que asocien el ahorro al consumo. Algunas entidades están desarrollando productos que vinculan el consumo con el ahorro previsional. Es muy importante que, aunque no se obtenga inicialmente un fondo muy importante, sí se interiorice que es posible ahorrar.

Y para el periodo de jubilación del ‘baby boom’, ¿cómo se puede hacer para contener el déficit en estos años?

La jubilación de la generación del baby boom depara un problema grave en el sistema de pensiones que además no será puntual; puesto que el cambio en la pirámide poblacional se mantendrá más allá de la generación del baby boom. El Factor de Sostenibilidad es un instrumento a tener en cuenta para paliar el déficit que se genere, al igual que sería efectivo un aumento de la edad de jubilación; acorde con el incremento de la esperanza de vida. También repercutirá favorablemente la mejora de la contributividad del sistema, incrementar el número de años de cálculo para determinar la cuantía de la pensión inicial.

En cuanto a la demografía, ¿qué puede suponer una sociedad más envejecida en ámbitos como el mercado de la vivienda, la oferta de ocio, la oferta de servicios?

El incremento de la esperanza de vida en España es incuestionable. Otro aspecto que me gustaría señalar es que tenemos una esperanza de vida en buena salud o libre de dependencia que no es tan elevada; siendo unos diez años para una persona de 65. Lo cual, sin duda, incrementará las necesidades y los gastos en salud de los pensionistas. Después de la edad de jubilación considero que hay una edad en buena salud, donde algunos gastos pueden dedicarse a ocio y ciertos servicios como viajes y restauración. Pero en lo que podríamos llamar cuarta edad, en la que ya no se goce de esa buena salud, el consumo principal se realizará en servicios de cuidado y de salud aun cuando tengamos un servicio sanitario universal.

¿Cómo evalúa la separación del Ministerio en dos carteras de forma que se desliga Trabajo de Seguridad Social?

Favorable en el sentido de que estéticamente da mayor importancia a la Seguridad Social, pero no lo considero demasiado relevante. Sí veo más destacable y favorable el perfil técnico tanto del ministro como del secretario de Estado de Seguridad Social.

¿Y qué impacto prevé de la subida prevista del SMI -hasta 1.200 euros en 2023-, que arrastra al alza las cotizaciones, aunque, según expertos, reduce el empleo?

Dado que las cotizaciones se obtienen a partir de las bases de cotización y, éstas, a su vez dependen del salario, la subida de los salarios supondría de manera directa un incremento en las cotizaciones. Pero dado que ese incremento salarial no se debe a un aumento de la productividad, sino a un cambio regulatorio, existe el riesgo de que se reduzca el empleo. Si esto es así, al reducirse el empleo, lógicamente se disminuirán las cotizaciones; por lo que el efecto en las cuentas de la Seguridad Social puede ser no muy elevado.