“Necesitamos una estabilidad en el tratamiento fiscal del ahorro”

30 ene 2019 / 12:02 H.

Parece que el Pacto de Toledo está a punto de cerrar el documento de recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones con dos grandes consensos: desviar parte de los costes de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado y revalorizar las pensiones en función del IPC. ¿Cree que sería una reforma suficiente para la coyuntura del Sistema?

Creo que no es una reforma suficiente, aunque sería necesario separar la parte contributiva de la no contributiva con el objetivo de identificar las prestaciones con su fuente de financiación. En nuestro sistema de protección público actual, y si consideramos valores medios, las cotizaciones que se hacen al sistema se recuperan en los primeros 12 años de percepción de la prestación de jubilación. Teniendo en cuenta una esperanza de vida de 20 años, esto nos da una idea de la generosidad del sistema. El actual sistema público de protección para la jubilación va a necesitar de una reforma y redefinición de mucho calado en los próximos años, más allá de medidas puntuales que se implanten para resolver situaciones concretas en el corto plazo.

¿Echa de menos que se hable más decididamente de sistemas complementarios de ahorro? ¿Cuáles cree más necesarios impulsar?

Por supuesto. La sostenibilidad-suficiencia del sistema de previsión para la jubilación se debe establecer bajo la definición de medidas encaminadas al desarrollo de los tres pilares. En particular, además de la necesaria reflexión sobre la evolución del sistema de protección público, es necesario definir sistemas para la incentivación del segundo pilar a través de las empresas con un sistema de adscripción por defecto, tal y como ya se ha desarrollado en otros países como Reino Unido, y del tercer pilar, potenciando el ahorro privado por parte de los ciudadanos. En ambos casos, sería muy deseable que se establezcan los incentivos necesarios, fiscales y laborales, que permitan un desarrollo gradual de las iniciativas. También es necesario que las reflexiones y la implantación de medidas se aceleren lo máximo posible, ya que su proceso de implantación suele ser largo.

¿Cree que el retoque de medidas paramétricas, como los años de cómputo y el mínimo de años cotizados, sería suficiente para paliar el déficit del sistema?

No. Las modificaciones realizadas hasta el momento, a través de la introducción gradual de cambios en estos parámetros, van a permitir equilibrar en alguna medida las aportaciones realizadas al sistema con las prestaciones recibidas, pero no son suficientes para garantizar la sostenibilidad-suficiencia del sistema actual. Nuestro sistema de protección público de pensiones necesita de cambios estructurales, no sólo paramétricos, para poder adaptarse a las consecuencias del incremento de la longevidad que las previsiones demográficas indican. Incremento de longevidad que, de mantenerse la actual definición del sistema de pensiones público, tendría como principal efecto un incremento del gasto público por este concepto difícil de asumir.

¿Aboga por elevar la edad de jubilación?

La esperanza de vida se ha incrementado de manera muy significativa desde que se definió nuestro sistema de protección público. Eso ha motivado que, actualmente, el sistema pague prestaciones durante mucho más tiempo y, por tanto, la carga sobre el sistema es mucho mayor. Teniendo esto en cuenta, parece necesaria la adaptación, de manera general, a esta situación, para equilibrar los años de cotización al sistema con los años en los que recibiremos prestación. Sin embargo, será necesario atender a las situaciones concretas y particulares de los diferentes grupos de población y profesiones para establecer también excepciones y tratamientos particulares. Si bien es cierto que, en las reformas recientes, ya se ha definido el cambio gradual hacia la edad de jubilación a los 67 años, es necesario realizar una reflexión sobre cuál debe ser el tratamiento de este tema a futuro para que no se produzcan desigualdades motivadas por un tratamiento similar a situaciones diferentes. No todos los grupos poblacionales tienen la misma esperanza de vida, por lo que no sería equitativo definir la misma para todos. No todas las profesiones se pueden ejercer durante el mismo tiempo, por lo que tampoco sería justo establecer la misma de edad de jubilación para todos. La reflexión también debe incluir otros elementos como, si es necesario, alargar la edad de jubilación o recalcular la prestación en función de la esperanza de vida, para adaptar la prestación que finalmente se reciba a la esperanza de vida. Es el sistema que se aplica en los modelos definidos a través de cuentas nocionales ya implantados en otros países.

¿Considera positivo el alargamiento de la vida laboral de los más mayores por encima de la edad de jubilación?

De manera general, y entendiendo que el sistema de protección debe perseguir que los ciudadanos, durante la vida activa, puedan generar el derecho a recibir una pensión digna y suficiente para el mantenimiento de su nivel de vida, el sistema de protección debe incorporar mecanismos que permitan incentivar la continuidad en el mercado laboral. Actualmente ya existen en la normativa actual. Aquellas personas que tengan la motivación y se encuentren en condiciones de continuar en activo deberían tener la posibilidad de hacerlo. Existen muchos efectos positivos. Entre otros, se seguiría aprovechando el conocimiento de estas personas, al mismo tiempo que permitiría a los ciudadanos mejorar la pensión de jubilación que recibirían una vez jubilados.

Por otra parte, si la razón de la continuidad en el mercado laboral es la necesidad de poder alcanzar una pensión de jubilación suficiente, las personas se verían obligadas a alargar su vida laboral para constituir una pensión digna y, en este caso, creo que estaríamos en presencia de una deficiencia del sistema que sería necesario corregir.

Muchos informes atestiguan el bajo nivel de educación financiera en España. ¿Cómo paliar el déficit de información que dispone el contribuyente? ¿Veremos la carta naranja?

Es absolutamente necesario que los ciudadanos tengamos información cuanto antes sobre la pensión pública y privada que recibiremos cuando nos jubilemos. Esta información debe ser integral, ordenada y periódica. Por su necesidad para que podamos tomar las decisiones adecuadas en cada momento, así como por la inmediatez de su efecto para esta concienciación, se debe implantar a la mayor brevedad el envío de esta información a los ciudadanos de manera anual, con una estimación de la pensión pública y privada a la fecha de jubilación.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, establecía en su Disposición Adicional 26ª esta obligación y el derecho a la información de los ciudadanos. Son muchos los países de nuestro entorno que ya la envían. La importancia de esta información y su utilidad son incuestionables para que podamos reaccionar a tiempo, tomar conciencia de nuestra situación, entender qué tenemos que hacer y buscar el asesoramiento o consejo necesario para adoptar las medidas adecuadas.

¿Cómo se puede rearmar el Fondo de Reserva? ¿Sería positivo o ya la inercia lleva a recurrir anualmente al crédito del Tesoro?

La pregunta es ¿hay que rearmarlo? ¿O hay que replantear el sistema de previsión para la jubilación, tanto el público como el privado, a las circunstancias demográficas, sociales y laborales que vendrán a futuro, redefiniendo de manera eficiente sus fuentes de financiación en función de las prestaciones?

Casi todas las soluciones que se van poniendo encima de la mesa tratan de resolver problemas puntuales en cada momento sin entrar en profundidad en la necesidad de reformar el sistema.

Algunas preguntas que se me ocurren son:

¿Sigue siendo válido el sistema de reparto por sí mismo para financiar las pensiones públicas? ¿Sería necesario revisar algunas contingencias cubiertas por el sistema público para adaptarlo al nuevo modelo social y laboral? ¿Habría que replantearse la duración de algunas contingencias cubiertas por el sistema en algunos casos? ¿Habría que complementar el sistema de reparto con otras fuentes de financiación dada la evolución de la pirámide poblacional? ¿Cuáles son los elementos que es necesario implantar para incentivar el desarrollo del segundo pilar a través de las empresas? ¿Contamos con elementos suficientes de comunicación para concienciar sobre el futuro y por tanto incentivar el tercer pilar? ¿Estamos los españoles concienciados sobre el tema? ¿Cuál es el coste actual y futuro de las soluciones que se adopten? ¿Debemos alargar la edad de jubilación o ajustar la pensión a recibir en función de las preferencias del ciudadano a través de un sistema de cuentas nocionales?

¿Qué le parece el carrete de subidas de pensiones que pretendeN aprobar en los Presupuestos Generales? ¿Y la subida de impuestos con la que se quiere financiar?

Nuestro sistema público tiene una gran importancia, ya que actualmente es la principal fuente de ingresos por pensiones para los ciudadanos españoles durante la etapa de jubilación. Es fundamental que todas las acciones se tomen dentro de un plan global de acción y no sobre acciones concretas, en momentos concretos, para resolver situaciones puntuales.

Se trata de un sistema de reparto, un sistema solidario en el que las pensiones de las personas retiradas se soportan por las cotizaciones de los trabajadores en activo. Con las perspectivas demográficas actuales, el número de personas en edad de trabajar se reduce paulatinamente, mientras que aumenta el número de pensionistas en etapa de jubilación. Evidentemente, esto conllevará la aplicación de medidas sobre los tres pilares de nuestro sistema de previsión.

Que el sistema de previsión va a cambiar en el corto y en el largo plazo es un hecho. Que se tendrán que ir aplicando cambios a medida que la situación evolucione también lo es.

¿Cómo ve la subida de 4 puntos en el tipo de IRPF a las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros?

En relación con la financiación del sistema de protección público es evidente que hay temas de naturaleza social y política que hay que trabajar y es crucial que desarrollemos una hoja de ruta integral para saber hacia dónde vamos. La definición de esa hoja de ruta pasa por la necesaria identificación de los sistemas adecuados de financiación que permitan de una manera sostenible garantizar la suficiencia de las pensiones. No creo que eso se pueda conseguir en el largo plazo a través de la implantación de medidas puntuales para resolver problemas puntuales, como ya hemos indicado anteriormente.

¿Sería bueno, todo lo contrario, avanzar en las exenciones fiscales al ahorro?

La incentivación del ahorro en general, y del ahorro-previsión en particular a partir de la implantación de un tratamiento fiscal ventajoso sería muy deseable en la situación actual. Sobre todo, orientada a un tratamiento fiscal favorable tanto para las empresas que decidan implantar sistemas de previsión para sus empleados, como para los particulares que decidan ahorrar en productos destinados al ahorro finalista para la jubilación.

Si bien es cierto, que la principal razón para ahorrar para la jubilación no debería estar basada en el tratamiento fiscal, también lo es que España es un país que ha gozado durante muchos años de uno de los sistemas de protección público más protectores de su entorno, donde no existe todavía una concienciación sobre la necesidad de ahorro para la jubilación y, por tanto, el ahorro financiero para este objetivo no se ha desarrollado al mismo nivel que en otros países.

Teniendo en cuenta que cuando hablamos de ahorro para la jubilación, estamos hablando de ahorrar durante un período de tiempo muy largo, es necesario que los ciudadanos y empresas percibamos la estabilidad del tratamiento fiscal de las medidas a tomar. De manera muy frecuente, se cambian las reglas de juego del tratamiento fiscal del ahorro, lo que genera confusión en los ciudadanos para la toma de decisiones a medio y largo plazo.