“La subida de las pensiones debe tener en cuenta la productividad y la sostenibilidad del Sistema”

Ángel Martínez - Aldama, presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Inverco

24 abr 2019 / 10:20 H.

El presidente de Inverco departe con elEconomista Pensiones sobre la actualidad y futuro de las pensiones y el ahorro a largo plazo.

¿Cómo valora la ruptura de las negociaciones del Pacto de Toledo? ¿Cree que es perjudicial para el desempeño del sistema público de pensiones?

El no acuerdo en el Pacto de Toledo no es una buena noticia, ya que España está necesitada de grandes acuerdos transversales y éste es, sin duda, uno de ellos. Es importante su contenido, ya que nos enfrentamos a una longevidad creciente, lo cual es una buena noticia, y el sistema debe irse adaptando, en el marco del Pacto de Toledo, para que su contributividad se mantenga, y acompasar el periodo de vida laboral a la creciente esperanza de vida. Incluso con esas adaptaciones, la tasa de sustitución va a experimentar una reducción importante que supondrá una menor capacidad adquisitiva de las pensiones.

¿Lograrán consensuar una reforma de calado del sistema de pensiones?

Ese debería ser el objetivo de la Comisión, consensuar un plan de acción del sistema de pensiones que prevea, no solo ahora, sino también en 2030 y en 2040 -con un 60 por ciento más de pagas-, unas pensiones adecuadas, pero también sostenibles, definiendo los ingresos y prestaciones con antelación.

De momento, la norma que rige la revalorización de las pensiones en 2020 es el IRP de 2013 ya que el PGE 2018 solo vinculaba pensiones e IPC para 2018 y 2019. Esto quiere decir que el próximo año de momento las cuantías volverán a subir el 0,25 por ciento, ¿cree que es una buena opción? ¿Cree que hay que indiciar al IPC de manera permanente?

Las pensiones no deberían indiciarse exclusivamente con el IPC, sino también con otros factores como la productividad o la sostenibilidad futura del sistema de reparto. De no hacerse así, se podría abrir una mayor brecha intergeneracional, por la que la generación actual no recibiría las mismas prestaciones que la generación actualmente jubilada. Diversos informes evidencian que la congelación de las medidas que contiene la reforma de 2013, si se derogaran definitivamente, debería llevar a la aprobación de otras medidas para compensarlo -alzas de impuestos o reducción de prestaciones-.

España ha demorado hasta 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad -iba a entrar este año, se trata de un coeficiente que reduce gradualmente las nuevas
pensiones- ¿Cree acertada la decisión?

El factor de sostenibilidad pretendía adecuar el importe de la pensión a la mayor esperanza de vida. En ausencia de ese factor, hay que establecer otras medidas, quizá no tan contestadas socialmente, que vayan en la misma línea.

¿Ve inevitable la complementación de la pensión pública para mantener el nivel de vida en la jubilación para las futuras generaciones?

No solo es inevitable, sino que es muy deseable, al igual que ya han realizado dos de cada tres países de la OCDE, permitiendo que los trabajadores cuando se jubilen reciban dos pensiones, una del pilar de reparto y otra del de capitalización, mediante el desarrollo de los planes de pensiones y, en especial, de los promovidos por las empresas.

¿Cuál cree que sería el modelo de previsión complementaria óptimo para las circunstancias de la economía española?

El modelo óptimo es aquel que permita proveer pensiones adecuadas y sostenibles, y la experiencia internacional nos enseña que los países desarrollados han optado o están optando por un modelo que combina reparto y capitalización. No se trata de desmontar lo que ya está construido -el pilar de reparto-, sino de construir lo que ni siquiera está diseñado -el de capitalización-.

¿Habría que avanzar en incentivos fiscales para el ahorro? ¿Dónde se deben centrar los esfuerzos, en el sistema colectivo o individual?

Los incentivos fiscales para el ahorro son siempre necesarios, porque revierten en forma de menos gasto de intereses de la deuda pública, al Presupuesto. En el escenario actual de tipos cero, no sostenible en el futuro inmediato, la deuda pública y también la privada van a elevar su coste en términos de intereses, ya que los inversores extranjeros volverán a valores refugio, es decir a Estados y sus empresas con perspectivas de sostenibilidad. Si no aumentamos nuestra tasa interna de ahorro, que se sitúa en su punto más bajo de los últimos quince años (5,2 por ciento de la renta bruta disponible), esta mayor carga de intereses, materializada en forma de prima de riesgo, obligaría a reducir otros programas públicos de gasto. Los incentivos actuales deben mantenerse, y fijar nuevos para el desarrollo del sistema colectivo o de empresa.

¿Qué se puede hacer desde el Gobierno para incentivar la previsión social complementaria en la empresa? ¿Y los propios empresarios?

La OCDE considera a los sistemas de capitalización de afiliación por defecto o semiobligatorios -obligan a las empresas a establecer un plan de pensiones, y los trabajadores tienen la opción de darse de baja-, como la única vía para extender a todos los trabajadores la cobertura de pensiones de capitalización. La experiencia de Reino Unido, estableciendo un sistema de afiliación semiobligatorio o afiliación por defecto -obligatorio para las empresas establecer un plan de pensiones, y con posibilidad del trabajador de darse de baja-, ha supuesto que más de diez millones de trabajadores británicos estén cubiertos por un sistema de capitalización, y solo el 8 por ciento se han dado de baja.

La rentabilidad de los fondos de pensiones españoles en los últimos 15 años es mucho más baja que en el resto de los países de la UE ¿A qué se debe? ¿Hay que abrir el sector a nuevos ‘players’ internacionales?

Los planes de pensiones individuales, salvo en Italia o Portugal, no están desarrollados en el resto de países europeos, cuando en España suponen el 70 por ciento del patrimonio. Adicionalmente, respecto de los planes de empresas, no existen estadísticas consolidadas en esos países de rentabilidades, como sí existen en España, donde el nivel de transparencia es máximo. Por lo tanto, es difícil poder aseverar que las rentabilidades de los fondos de pensiones españoles sean inferiores a las de otros países europeos. Las rentabilidades en nuestro país, netas de gastos, han sido: del 3,33 anual para el periodo de diez años, del 2,54 por ciento anual para 15 años, del 2,05 por ciento en los últimos 20 años o del 3,67 por ciento en los últimos 25 años. El sector de planes de pensiones está abierto a nuevas entidades siempre que sean autorizadas para operar por el Ministerio de Economía.

¿Ve recorrido a que los españoles acaben pagando parte de la nómina de las pensiones a través de impuestos ‘ad hoc’?

La financiación del sistema de reparto a través de impuestos ya se está haciendo de forma indirecta, mediante endeudamiento público, a través de préstamos del Estado a la Seguridad Social. Si la pregunta se refiere a impuestos directos, pocos países en Europa tienen establecido este mecanismo de financiación y, en el caso de España, rompería la contributividad del sistema, que es por lo que ha abogado el Pacto de Toledo desde su origen en 1995.

En este sentido, ¿cómo valora la propuesta del Gobierno de introducir un impuesto a las transacciones financieras?

El impuesto de transacciones financieras, mal llamado tasa Tobin, es un impuesto directo al ahorro. Por tanto, nuestra valoración es muy negativa: los que lo van a pagar son los ahorradores que inviertan en acciones españolas de determinada capitalización, ya sea directamente o indirectamente a través de fondos de pensiones, fondos de inversión, u otros productos de ahorro. Sería deseable esperar un acuerdo a nivel europeo, antes que tomar iniciativas que puedan desviar parte de la negociación a plataformas situadas en otros países

¿Cree que la falta de presupuestos y los compromisos de gasto para este año comprometen la capacidad financiera de la Seguridad Social?

Se ha aprobado recientemente, como en los dos últimos años, un nuevo préstamo de más de 13.000 millones del Estado a la Seguridad Social para este ejercicio 2019, con lo que desde el punto de vista financiero los pagos de pensiones estarían cubiertos. Sin embargo, este recurso al endeudamiento tiene una amplitud en el tiempo muy limitada por el mayor pasivo que conlleva para nuestra economía.

¿Cómo lidiar con la inversión de la pirámide demográfica? ¿Se necesita más inmigración? ¿Podría ser el sostén de las futuras pensiones?

Sin duda son necesarias muchas medidas: impulsar la natalidad, establecer una red de guarderías, mayor conciliación laboral y familiar, etc. En un contexto como el actual, en el que la tasa de natalidad española es la segunda más baja de Europa, la inmigración es necesaria para mantener el reemplazo generacional.