“El 68% de la OCDE opera con un sistema mixto, ¿por qué no España?”

Julio Fernández García, socio-fundador de JFG consultores y profesor

24 abr 2019 / 10:45 H.

El profesor, consultor y experto en previsión social complementaria y pensiones Julio Fernández García trata con elEconomista Pensiones la actualidad que afecta al sistema público y el horizonte del ahorro privado a largo plazo.

Justo antes de las elecciones asistimos a la ruptura del Pacto de Toledo. ¿Cree que las recomendaciones cerradas en el periodo de negociaciones daban respuesta a las necesidades del sistema público de pensiones?

Una vez más las recomendaciones vertidas en el Pacto de Toledo, tras más de dos años de trabajo, eran, bajo mi punto de vista, meros deseos vertidos por los diferentes integrantes del Pacto de Toledo sin estar cerradas las mismas, prueba de ello es que carecían tanto de redacción propia como de concreción. Debido a la falta de detalle de las citadas recomendaciones no alcanzo a evaluar si realmente daban respuesta o serían suficientes para satisfacer las necesidades de nuestro actual sistema público de pensiones, tal y como está configurado hasta la fecha, respetando el nivel de suficiencia. No obstante, debido al déficit histórico, creciente e incesante que presentan las cuentas de la Seguridad Social, el cual probablemente superará los 20.000 millones en el presente ejercicio, teniendo en cuenta que más del 40 por ciento del Presupuesto estará destinado al gasto en pensiones, es coherente pensar que debemos empezar a acometer reformas estructurales dado que las reformas paramétricas efectuadas hasta la fecha han sido insuficientes.

De cara a la próxima legislatura, ¿cuáles cree que son las primeras medidas que se deberían adoptar sobre el sistema de pensiones?

En primera instancia, mientras llevamos a cabo reformas estructurales de manera progresiva, permitir que tanto la reforma de 2011 como la de 2013 surtan efecto. El factor de sostenibilidad garantiza la solidaridad entre las generaciones y el índice de revalorización automático, a través de la medición de la salud financiera de la Seguridad Social, persigue un mayor equilibrio estructural. No debemos obviar el último estudio realizado por el grupo de investigación en pensiones y protección social de la Universidad de Valencia, el cual mostraba que la revalorización de las pensiones debería ser negativa durante al menos cinco años para devolver el equilibrio financiero al sistema. Por otro lado, crear más y mejores empleos; los salarios, ligados a la productividad, deberán crecer más que la pensión media para asegurar la sostenibilidad. Llevar a cabo una lucha activa y continua contra el fraude. Tender, cada vez más, a hacer más compatible el trabajo con la pensión.

¿Ve posible asentar un modelo mixto de pensiones en España? ¿Cómo?

Es conveniente puntualizar que no hay un modelo perfecto, aunque hay otros sistemas mucho más avanzados en sostenibilidad, suficiencia y cobertura de las pensiones. En nuestro caso, hoy en día, y, a pesar de las dos reformas, el sistema sigue siendo altamente generoso, sigue pagando más de lo que ingresa en concepto de cotizaciones. Los pensionistas que se jubilan actualmente cobrarán 21 años de pensión; las cotizaciones de toda su vida laboral apenas permitirían pagar 16 años de pensión, lo que supone 5 años de desequilibrio, fruto del principio de solidaridad intergeneracional, siendo el resultado final, en términos relativos, que un jubilado percibe un 32 por ciento más de lo que aporta. Dicho desequilibrio es lo que provoca la necesidad de tender a un sistema mixto. El 68 por ciento de los países de la OCDE operan bajo un sistema mixto, ¿por qué no España? Habría diferentes maneras de implantarlo, en la actualidad operamos bajo un sistema de reparto de prestación definida que deberíamos trasladar a un sistema de aportación definida complementándolo con un pilar de capitalización. Dicho traslado se podría llevar a cabo de forma progresiva y escalonada con el fin de amortiguar los efectos negativos iniciales, pudiendo tomar como ejemplo el modelo de cuentas nocionales más comúnmente conocido como el modelo sueco. Otra de las alternativas podría ser complementar la pensión pública a través de la previsión complementaria empresarial e individual, con aportaciones tanto del empleador como del empleado. Este es el modelo anglosajón, semiobligatorio. En Reino Unido todos los empleados son afiliados a un plan de pensiones, salvo que se opongan expresamente.

¿Cómo ve la posibilidad de extender la previsión social complementaria en la empresa al conjunto del tejido productivo español?

Totalmente viable, tal y como se han extendido en los sistemas de pensiones de empleo más desarrollados de Europa y del mundo occidental. Podríamos aplicarlos a través de diferentes fórmulas: una, a través de la negociación colectiva y bajo el paraguas de la relación laboral con la participación tanto de los agentes sociales como empresariales; otra, a través de un sistema cuasiobligatorio, siendo obligatorio para el empleador y voluntario para el empleado, mediante la inscripción automática por defecto en base a una edad y un salario mínimos. La tercera, a través de un sistema de inscripción automática por defecto inscribiéndose automáticamente al empleado y se le da un plazo para poder darse de baja. Si no lo hace debe permanecer en el plan y aportar durante un tiempo mínimo, momento en el que volverá a tener la opción de salida. Es lo que se conoce como el autoenrolment en el mundo anglosajón. Paralelamente, habría también que desarrollar diferentes alternativas más asequibles para pymes y autónomos.

Y el sistema individual, ¿hay margen para impulsarlo en España? ¿Cuáles son los frenos que encuentra en la actualidad?

La previsión social complementaria individual en España está muy poco desarrollada dado que hasta la fecha existía una ausencia de cultura previsora importante, provocada, en parte, por las tasas de sustitución de nuestro sistema público de pensiones. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que en España la gran parte del ahorro está concentrado en bienes inmuebles. Hoy en día, el gran reto, ya no solo en el ámbito económico, es la longevidad y por lo tanto la única solución va a ser la planificación, cobrando gran protagonismo el tercer pilar de la previsión social, es decir, el sistema individual. Cómo conseguir que el dinero dure toda la vida, más aun teniendo en cuenta que estamos hablando de vidas centenarias. El primer freno con el que nos encontramos es la falta información que trasladamos a todos los ciudadanos. Es totalmente necesario trasladar la información sobre la pensión futura ya que tiene consecuencias directas sobre el ahorro individual. Otro de los frenos es el tratamiento fiscal, debemos trabajar activamente sobre un nuevo régimen fiscal para los productos de ahorro a largo plazo destinados a complementar la pensión pública, dotándolos, ya no solo de más y mejores beneficios fiscales en el ámbito de la aportación sino también de exenciones fiscales en el tratamiento de las prestaciones como ocurre actualmente en prácticamente la mitad de los países de la OCDE.

¿Considera mejorable el marco normativo correspondiente al ahorro individual?

Es totalmente mejorable y necesario para incentivar el ahorro individual en productos específicos para la jubilación identificándolos como productos de previsión social complementaria individual. El gran reto es la longevidad y la única solución será la planificación. La población no solo necesitará asesoramiento financiero, sino un plan de financiación del estilo de vida; nos encontraremos con la necesidad de recibir ayuda a la hora de planificar estas vidas alteradas. Por lo tanto, se hace imprescindible establecer un marco normativo en materia de formación y gestión, garantizando que todos los actores del mercado posean los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo una correcta planificación a la jubilación y asegurándose que se ejecutan todas las fases de ésta. Para ello, se antoja necesario la digitalización a través del diseño y utilización de completos simuladores que recojan todas las fuentes de financiación para la jubilación, la cuantificación del capital y/o renta necesaria en la fase de beneficiario, que calculen la capacidad de ahorro a corto, medio y largo plazo y, por último, generen el plan de previsión personal cuya finalidad es nivelar la esperanza de vida financiera a la esperanza de vida real.

¿Se debería avanzar en los incentivos fiscales al ahorro privado? ¿Cómo se puede fomentar que los ciudadanos decidan ahorrar una parte de la renta con una cierta periodicidad?

Ya no solo se debería avanzar sobre los incentivos o beneficios fiscales para el ahorro privado, sino que tendríamos que empezar a trabajar sobre las exenciones fiscales sobre este ahorro destinado a la jubilación. En estos últimos meses hemos escuchado por parte de los diferentes partidos políticos, propuestas de beneficios fiscales, que afectan tanto a la aportación como a la prestación, sobre los diferentes vehículos existentes para complementar la pensión pública, las cuales espero no se queden en una mera estrategia electoralista. Solo podremos fomentar que los ciudadanos decidan ahorrar una parte de la renta con una cierta periodicidad si realmente se lleva a cabo una correcta planificación de la jubilación poniéndose en manos de profesionales.

¿Qué tipo de producto de ahorro recomendaría a una persona joven con un nivel de renta medio? ¿Y a un adulto?

Para responder a esta pregunta necesitaría más información, datos objetivos y subjetivos de cada persona, con el fin de tratarla y en base a las diferentes fases que configuran la planificación a la jubilación definir el Plan de Previsión Personal en el que se propondrían los diferentes activos y/o productos enfrentando el perfil con el horizonte temporal. Permítanme utilizar una frase que menciono con bastante asiduidad cuando hablo de planificación a la jubilación y que va muy relacionada con la pregunta formulada: “En planificación a la jubilación no trabajamos con dinero, sino que trabajamos contra el tiempo”, por lo que la variable más importante para seleccionar activos y/o productos es el horizonte temporal.

¿Cree que el debate sobre el Factor de Sostenibilidad tiene recorrido? ¿Es realmente necesario aplicarlo?

Desde un punto de vista financiero y/o actuarial, no es que tenga recorrido, pienso que una vez formado el Gobierno volverán a salir a escena las reformas de 2013, IRP y Factor de Sostenibilidad, debido a los desafíos a los que se enfrenta la Seguridad Social. Abogo por mantener el índice de revalorización de las pensiones dado que mide la salud financiera del sistema estableciendo el margen de incremento o revalorización de las pensiones basándose en ingresos y gastos. Según el último cálculo de la Universidad de Valencia, la revalorización de las pensiones debería ser negativa durante al menos cinco años para devolver el equilibrio financiero al Sistema. En cuanto al factor de sostenibilidad creo conveniente aplicarlo con fecha de efecto inmediata por razones de equidad generacional de los nuevos pensionistas al tener esperanzas de vida diferentes y teniendo en cuenta que no aumenta en la misma proporción la edad media de jubilación que la esperanza de vida en la edad de acceso a la pensión.

En términos de cuantía, ¿asistiremos a una reducción de las pagas en las próximas décadas?

Hoy en día, con una tasa de sustitución del 78,7 por ciento, los pensionistas que ingresan en el colectivo cobrarán 21 años de pensión, presentando un desequilibrio de 5 años fruto del principio de solidaridad intergeneracional, es decir, un jubilado percibe un 32 por ciento más de lo que ha aportado durante toda su vida laboral en concepto de cotizaciones sociales. Para poder costear 21 años de pensión, obteniendo una rentabilidad acumulada sobre todas las bases de cotización del 2 por ciento necesitaríamos reducir la de sustitución del 78,7 al 60 por ciento. De ahí que tanto la reforma de 2011 como la de 2013 actúan sobre las cuantías tanto de los actuales como de los nuevos integrantes del colectivo.

¿Ve posible acabar sufragando las pensiones con impuestos finalistas?

Me genera bastante inquietud, por no decir temor, mantener el actual sistema público de pensiones incrementando la presión fiscal. Si cargamos a los jóvenes de impuestos y a su vez no le garantizamos su pensión futura, correremos el gran riesgo de la ruptura de esta solidaridad intergeneracional, ya que muy probablemente emigrarán hacia un estado o sistema más justo y equilibrado.

¿Cómo valora la propuesta de 'mochila austriaca' que se preveía en el proyecto de PGE del PSOE tumbado en febrero y que propone Ciudadanos para esta legislatura?

La 'mochila austriaca' no solo actúa como complemento a la pensión pública; también puede ser consumida en caso de despido. Cerramos 2018 con una tasa de paro del 14,5 por ciento y un 28 por ciento de contratos temporales, corriendo el riesgo de que el capital acumulado no fuese un complemento a la pensión pública. En relación con el coste, ha de ser asumido, o bien por el empleador, incrementando sus gastos y reduciendo su competitividad, o bien por el trabajador, reduciendo su salario y su capacidad adquisitiva actual.