“Desde un punto de vista técnico, es un error haberse cargado el Factor de Sostenibilidad”

Mariano Jiménez, presidente de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen)

30 ene 2019 / 11:28 H.

El presidente de Ocopen, Mariano Jiménez Lasheras, visita a elEconomista Pensiones para ofrecer una visión certera de la situación del sistema público de pensiones y la necesidad de impulsar con celeridad los sistemas de previsión social complementaria ante el reto de la suficiencia en la jubilación.

¿Cómo valora la vinculación de las pensiones al IPC?

Es un acuerdo importante. La revalorización responde a la necesidad de que las pensiones sean suficientes, ya que ahora se puede decir que son bajas. Lo deseable sería revalorizar con el IPC pero esto no es gratis, implica la eliminación de la reforma del 2013 y un incremento importante del gasto para los próximos años. Habría que incluir otros elementos en la revalorización.

¿Y el acuerdo para avanzar en separación de fuentes de financiación?

Hay que lograr más recursos. Es bueno separar fuentes de financiación para sufragar las prestaciones contributivas con recursos contributivos y las políticas sociales, financiadas con cotizaciones, con recursos del Estado. Hay muchos conceptos que aún se financian con cotizaciones, como los gastos de gestión, infraestructura de la Seguridad Social o políticas familiares. Aquí hay un margen para solucionar el equilibrio a corto plazo del Sistema.

¿Se está desvirtuando socialmente el debate de las pensiones?

En este tema hace falta sentido común, nos dejamos llevar por extremismos. Cuando desde Ocopen u otros sectores decimos que hay que impulsar la previsión social complementaria, se recibe un mensaje de que se quiere privatizar el sistema público y no tiene nada que ver. Debemos tener un sistema mixto que se complemente, no que sustituya.

¿Echan de menos que el Pacto de Toledo trate de manera decidida la previsión social complementaria?

Es algo esencial, también en la Mesa de Diálogo Social. Se debería incluir necesariamente la previsión social, sobre todo la empresarial, como complemento a la Seguridad Social. El Pacto de Toledo debe incluir en su debate el sistema de pensiones en su conjunto, global, como todos los países que tienen un sistema mixto de reparto y de capitalización. La razón es que los sistemas de reparto tienen unos riesgos asociados, principalmente el demográfico, actividad económica, mercado de trabajo o inflación y los de capitalización tienen otros, como los mercados financieros. Desde el punto de vista de los actuarios, una estrategia elemental cuando hacemos análisis de riesgos es la diversificación de los mismos. Un sistema mixto permite diversificar los riesgos que tienen ambos sistemas. Por ello, sería urgente tener un Estrategia Nacional de Previsión Social Complementaria.

¿En qué consistiría esta estrategia?

La estrategia incluiría unas medidas estructurales de concienciación de la necesidad de generar ahorro financiero finalista para la jubilación y complementario, planificar la jubilación, dotar de información y transparencia a los sistemas y elevar la educación y cultura financiera del ahorro. También habría medidas específicas como revertir la devaluación salarial, recuperar la negociación colectiva sectorial y supraempresarial, recuperar el concepto de salario diferido, crear un marco normativo favorable, estable en el tiempo y que diferencie los sistemas colectivos de los individuales, y articular una Ley de Previsión Social Complementaria que agrupe la normativa dispersa, pero con separación nítida de sistemas empresariales y personales. Además, extender y generalizar los Planes de Empleo y Mutualidades de Previsión Social Empresarial debe ser el objetivo prioritario de las políticas económicas, fiscales y sociales, recuperando incentivos fiscales de las empresas. Estos incentivos a la previsión empresarial pasarían por quitar las cotizaciones a las aportaciones a los planes, algo que es absurdo, o recuperar la bonificación en el Impuesto de Sociedades. Una de las ventajas es que estas medidas se extienden a toda la población y permite incluir a todas las personas.

¿A qué modelos ya existentes se podría asemejar el sistema?

Existen planteamientos para extender la previsión social mediante sistemas semiobligatorios, como el de Reino Unido, pero en España está el sistema de EPSV vasco que también ha dado muy buenos resultados. El País Vasco destina a la previsión social un 33 por ciento del PIB, mientras que en el resto de España no llega a un 10 por ciento. Ha tenido éxito por la conjunción de varios elementos: la renta es elevada, una negociación colectiva de empresas y trabajadores en la misma dirección y, junto a ello, un apoyo institucional con una normativa favorecedora del desarrollo de la previsión social con incentivos. Esto se conjuga con unas entidades que tienen bajos costes de gestión, 0,20 y 0,30 por ciento, clave porque una diferencia de rentabilidad de 1 punto en una inversión a 25 años supone casi un 25 por ciento más de rentabilidad. El tema de costes bajos es muy importante.

Existe el mito de que los planes de empresa son muy costosos...

Todo cuesta dinero, pagamos cotizaciones para las pensiones públicas y si queremos extender la previsión empresarial semiobligatoria lo normal es que la implicación sea de la empresa y el trabajador. Habría un descuento en la nómina, pero esto responde al concepto de salario en diferido que figuró en la negociación colectiva como un tema importante hasta la crisis, y hay que recuperarlo. No tiene que ser una cuantía grande de retención, entre un 0,2 y el 1 por ciento, en algunos países incluso el Estado se implica en hacer una aportación. También en las revisiones salariales por convenio o incrementos de productividad se puede acordar que una parte de la subida se destine a previsión social para la jubilación.

¿Qué se puede hacer para impulsar el tercer pilar?

Es un pilar importante. Todo complemento a la pensión pública es bueno, pero aquí entra en juego la planificación financiera de la jubilación. Hay que elevar la cultura financiera introduciendo la necesidad de plantearse la expectativa de jubilación como una suma de la pensión pública, el cobro por la previsión empresarial y ese tercer pilar que sería una decisión individual de ahorro para complementar. Pero este pilar depende de la capacidad de ahorro de cada uno y no incluye a la mayoría de la población, mientras que en el segundo pilar todo el mundo tendría una pensión de previsión social en la empresa, independiente de la capacidad de ahorro de cada persona. Debería incentivarse, pero teniendo en cuenta todas las restricciones presupuestarias se deberían discriminar fiscalmente al segundo pilar respecto del tercero.

¿Cómo valora el marco regulador del sector? ¿Es incentivador?

Uno de los problemas de la previsión social durante las últimas décadas es la inconsistencia normativa. Se han cambiado muy a menudo las reglas del juego, como los incentivos fiscales en los planes de empleo que han aparecido y desaparecido constantemente. Cuando se está acordando un plan para 20, 30 ó 50 años no puedes cambiar las reglas a mitad del partido. Existe una distorsión normativa porque siempre se ha legislado de manera conjunta el sistema de pensión individual y colectiva.

¿Cómo valora los Presupuestos de 2019 de cara a incentivar el ahorro?

No hay normas ni disposiciones que favorezcan el ahorro. Solo permanece el de los planes y fondos de pensiones, pero hay que tener en cuenta que no es un incentivo como tal, sino que es un diferimiento fiscal para la aportación al plan pero no para el momento de la prestación. Así, el gasto fiscal no es como tal, ya que se retrasa al momento de la prestación. Es decir, carecemos de incentivos, pero son más importantes las medidas estructurales.

¿Desde dónde se debe impulsar la cultura del ahorro?

La educación financiera hay que incluirla en los planes formativos a nivel nacional. Los niños tienen que tener una formación básica, es importante interiorizar que parte de los ingresos tienen que ir destinados a la previsión.

¿Qué rol juega el sobre naranja en esa previsión?

El envío del sobre naranja por parte del Gobierno es esencial porque los sistemas de pensiones tienen que ser transparentes. No podemos planificar nuestra jubilación si no sabemos lo que vamos a cobrar de pensión pública. No vale que haya una web para esto que además no es fiable. Por ejemplo, en planes de empleo va a ser obligatorio informar de qué pensión estimada tendrás en la jubilación. Vamos a vivir la paradoja de que no tendremos la información del sistema público, pero sí del complementario empresarial.

¿Cómo ve la demora en la aplicación del Factor de Sostenibilidad?

Es un error haberlo eliminado, porque introduce un elemento técnico importante por el cual trata de ajustar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. La esperanza de vida va aumentando y pasamos de cobrar una pensión durante 20 años a 25 años, lo cual supone un desajuste. Los actuarios buscan un equilibrio entre lo cotizado y lo que se va a recibir, ese equilibrio actuarial no es riguroso en el sistema público. Desde el punto de vista técnico no ha sido buena idea cargarse el Factor de Sostenibilidad.

¿Le parecen positivas las medidas de alargamiento de la vida laboral?

La edad efectiva de jubilación está entre los 62 y 63 años pese a que la edad legal es de 65 años y 8 meses, lo que contribuye al incremento del gasto. No es necesario ir más allá de los 67 años de edad legal, es más importante retrasar la edad efectiva. Introducir la jubilación forzosa no es positivo porque introduces elementos rígidos en la cuestión de la jubilación. Es mejor trabajar en incentivos para retrasar la edad de jubilación, como compatibilizar el trabajo y la pensión al 100 por ciento, como ya tienen los autónomos, y que se podría introducir a los asalariados.