“A ninguna comunidad autónoma le interesa
que le transfieran las pensiones”

Enrique Devesa, Profesor en la Univ. de Valencia y miembro del Instituto Polibienestar y deI Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)

26 feb 2020 / 09:14 H.

El sistema público de pensiones entra en una legislatura crucial donde parece que la reforma del sistema podría ver la luz después de cuatro años enredada en el Pacto de Toledo. Enrique Devesa, profesor en la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Polibienestar y de IVIE, es además uno de los miembros del comité de expertos que participó en la reforma del pensiones del 2013 y uno de los artífices del factor de sostenibilidad.

¿Cómo valora que el Gobierno haya tomado la senda de revalorizar las pensiones con el IPC y su intención de prolongarlo en el tiempo?

Es una solución fácil porque es lo que exigen los pensionistas y lo más sencillo de aplicar, y no enfrentarse a 9 millones de personas que saldrían a protestar. En los números que hemos visto, a corto plazo, el efecto no sería visible
-aunque ya tenemos un déficit contributivo de 20.000 millones-, pero dentro de 30 años pasaríamos del 1,6% actual al 5%. Habría que contrarrestarlo con superávit en otras partes de la Administración y es difícil que podamos llegar a un saldo cero en el conjunto de las administraciones y porque una parte importante del déficit va a estar en la Seguridad Social.

En este sentido, ¿ve posible la intención del ministro José Luis Escrivá de cerrar el déficit del sistema en esta legislatura?

Lo veo muy difícil porque todas las previsiones apuntan a que como mucho se podría llegar a mantener el actual nivel de déficit o reducirse muy ligeramente. Lo que planteaba el actual ministro en algunos estudios cuando estaba en la AIReF era que parte de los gastos los asumiera el Estado y que se pagaran con impuestos como el de funcionamiento del Sistema o el déficit de algunos regímenes especiales. Pero todo eso sería simplemente cambiar de dónde pago: en lugar de pagar de los presupuestos de la Seguridad Social, lo pago de los presupuestos del Estado y, en definitiva, en el consolidado del sistema el resultado sería el mismo. Solo se maquillaría el resultado de la Seguridad Social.

Por lo tanto, ¿hacia dónde deberían ir dirigidas las medidas para paliar el desequilibrio del Sistema?

Por la parte de ingresos es muy difícil porque estos, en relación al PIB, se mantienen en una línea constante alrededor del 10% y esto no cambia mucho. Pero los gastos sobre el nivel del PIB sí han ido aumentando de forma constante desde el año 1990 y el problema es que va a seguir por la misma senda. La solución sería introducir algún mecanismo de ajuste, acabar de implantar la reforma de 2011 como está pactado y que la reforma de 2013 vuelva a aplicarse. Por un lado el factor de sostenibilidad y por otro, el índice de revalorización de las pensiones (IRP) que haría que, de manera automática, fuésemos a una senda de ajuste entre ingresos y gastos. Pero eso supone que los pensionistas pongan una parte, pagándolo con una revalorización de las pensiones por debajo del IPC y una pérdida de poder adquisitivo. Así, los pensionistas tendrían que colaborar y otra parte se podría hacer con un incremento de impuestos y otra a través de una medida de fomento de las afiliaciones. Aunque sabemos que eso supone, a futuro, que habrá que pagar más prestaciones.

El Pacto de Toledo retoma la actividad: ¿cree que puede salir una reforma de calado de los trabajos de esta comisión?

Debería darse solución de forma inmediata al grave problema de sostenibilidad que presenta el sistema contributivo de pensiones. Hasta ahora, el único mecanismo “oficial” que parece que puede dar respuestas a ese problema es el Pacto de Toledo. Pero, sinceramente, no confío mucho en lo que se apruebe, porque el único acuerdo que casi se logró el año pasado y en el que parece que siguen coincidiendo todos los partidos es en la revalorización de las pensiones con el IPC. Siguen sin darse cuenta de que tenemos un problema de desfase entre ingresos y gastos contributivos, porque es conocido que los ingresos por cotizaciones sobre PIB están alrededor de un 10%, mientras que el gasto en pensiones sobre PIB está en el 11,6%, y si añadimos la parte de las clases pasivas nos iríamos a un 12,5%. Esto se traduce en un déficit de caja de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de cerca de 20.000 millones anuales y, lo que aún es más grave, de un déficit estructural de unos 16.000 millones de euros.

¿Recomendaría otra composición o mecánica del Pacto de Toledo?

Yo creo que deberían guiarse más por aspectos técnicos. Al menos, las propuestas que hicieran deberían justificarlas desde un punto de vista técnico, acompañándolas de informes a corto, medio y largo plazo. Además, como actuario, me gustaría que esos informes estuvieran apoyados en las técnicas actuariales para darle una dimensión complementaria a la visión tradicional, que es la del denominado enfoque de caja. No podemos fijarnos solo en el corto plazo cuando estamos hablando de un sistema que tiene que proteger a los actuales pensionistas, afiliados, incluso a los que aún no se han incorporado al sistema, prácticamente durante toda su vida. En un mundo donde se aboga por una mayor transparencia, debería informarse a los ciudadanos del efecto que todas las decisiones que se tomen van a tener sobre los distintos colectivos involucrados en el sistema de pensiones. No tiene sentido que las generaciones actuales de pensionistas puedan tener un tratamiento mucho más favorable que la de los futuros pensionistas: esto quebraría la equidad intergeneracional que debe caracterizar a todos los sistemas de pensiones contributivos.

Sobre la demanda del País Vasco de la transferencia de la gestión de la Seguridad Social que se está negociando con el Gobierno, ¿cree que sería técnicamente posible? ¿Sería un sistema viable?

Hay que esperar a ver la hoja de ruta que se le va a ofrecer al País Vasco, pero parece que de lo único que se van a encargar es de la gestión económica de la Seguridad Social. Es decir, del pago de las prestaciones y de la recaudación de las cotizaciones. De ir a una caja especial aparte para el País Vasco, sería un salto cualitativo y cuantitativo. Con los datos que tenemos respecto a comunidades autónomas, el País Vasco actualmente tiene un déficit de entorno al 2% de su PIB, incluso por encima de la media del conjunto de España. Además, con una población bastante envejecida por lo que es probable que ese déficit siguiera aumentando. Creo que al País Vasco y a casi ninguna comunidad autónoma le interesaría de momento que le transfirieran las pensiones y en el futuro puede que aún fuera más difícil que lo aceptaran por el gran desembolso que tendrían que hacer.

¿Cómo valora la separación de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo? ¿Implica un algún tipo de impulso decidido para la reforma?

Para mí ha sido una decisión política, aunque eso no quita para que, al tener una mayor independencia, pueda mejorar la gestión de la Seguridad Social, de tal manera que nos encamine hacia lo que todos queremos: una Seguridad Social sostenible, con pensiones adecuadas y que sea equitativo en su parte contributiva, dejando para la parte asistencial la mejora de las condiciones de los que tienen menos recursos.

¿Qué rol debe jugar la previsión social complementaria en la nueva reforma del sistema de pensiones?

Considero que no es el principal objeto de debate en el seno del Pacto de Toledo y no parece que vaya a ser una prioridad a corto plazo. Pero, al mismo tiempo, creo que habría que buscar incentivos que permitieran hacer frente a la probable reducción futura de la tasa de sustitución de la pensión pública, entendida esta como relación entre pensión pública media inicial y salario medio previo a la jubilación. Si el sistema público no logra generar pensiones suficientes en el futuro, la solución tendrá que pasar, en primer lugar, por informar adecuadamente a los futuros pensionistas y, en segundo lugar, por facilitarles el acceso a la parte complementaria privada.

¿Ve recorrido para la implantación masiva de los planes de pensiones de empresa en España? ¿Bajo qué condiciones?

Seguro que tiene mucho recorrido porque el nivel del que partimos es muy bajo. Para conseguirlo necesitaríamos la colaboración de todos los actores que intervienen. Tendría que repartirse el esfuerzo entre los empleadores, los empleados y el Estado. Más difícil es determinar en qué grado tendría que hacerlo cada uno, quedando en manos de la política. Es evidente que es una de las asignaturas pendientes del sistema de pensiones en España, y más cuando es de esperar que la parte pública reduzca el nivel de las prestaciones, como he comentado antes. Es cada vez más necesario que la pensión total provenga de diferentes fuentes, para diversificar el riesgo, y sería deseable que los planes de empresa cobraran mayor protagonismo.

¿Quién o quiénes son los responsables de que no despeguen los planes de pensiones individuales en España?

Yo creo que todos somos un poco culpables. Quizá lo sea en mayor medida la generosidad del sistema de pensiones; ya que en España la tasa de sustitución está cerca del 80%, siendo una de las más altas de todos los países de nuestro entorno. La confianza en que el sistema público puede proveer actualmente una pensión elevada genera desincentivos al ahorro en un producto con un elevado grado de iliquidez, como son los planes de pensiones. También es importante las bajas rentabilidades reales que han obtenido durante los últimos años, en parte debido a las comisiones que se aplican. Además, tenemos que entender que la competencia entre los diferentes productos donde se puede invertir hace que los planes de pensiones sean uno más entre todo el abanico de posibilidades. Por último, también influye un hecho cultural y, por tanto, de difícil corrección, como es la preferencia por el ahorro en forma de vivienda.