El cambio de rumbo sin ‘plan B’
que agrava la crisis del sistema

29 oct 2018 / 18:40 H.

    En los últimos meses se ha revertido la reforma de las pensiones de 2013, que introdujo un índice de revalorización -el IRP- menor al IPC y emplazaba a 2019 la aplicación del factor de sostenibilidad, un mecanismo de corrección a la baja para las nuevas pensiones. Ambas medidas han decaído, por impopulares, máxime tras las movilizaciones de los pensionistas y la necesidad política del anterior Ejecutivo de cerrar unos Presupuestos para este año. Tras el acuerdo del PP con el PNV para las Cuentas de 2018, se ha retomado el alza de las pensiones en función de la inflación, y el factor de sostenibilidad no prevé aplicarse antes de 2023, justo el año en que comenzará a jubilarse la cohorte de los baby-boomers, ejerciendo una fuerte presión al alza sobre el gasto en pensiones. Sendas líneas de acción fueron concebidas para reconducir las maltrechas cuentas de la Seguridad Social y el horizonte que a éstas les espera de fuerte desequilibrio financiero. El problema no es tanto -no es sólo- el hecho de que se haya dado marcha atrás a una reforma crucial y que tenía el apoyo de Bruselas, como el hecho de que se haya llevado a cabo sin un plan B, sin una alternativa que reequilibe el desajuste entre ingresos y gastos.

    Es la conclusión de un reciente informe de Fedea, que detalla el horizonte de números rojos para la economía española por no haberse repensado esas medidas mientras se concebían otras para sustituirlas. El estudio dibuja varios escenarios, y en el más adverso -que es en el que ahora nos encontramos: sin hoja de ruta alternativa- el déficit rebasará el 3 por ciento, las pensiones costarán hasta un tercio de las rentas del trabajo y la deuda pública puede escalar hasta el 200 por ciento del PIB a mitad de siglo. Por ello, no extraña el varapalo de los organismos internacionales al paso atrás que ha dado España con la vuelta al IPC sin medidas adicionales que enjuguen el sobrecoste para las arcas públicas.

    El problema es que primero son los think tanks, los organismos e instituciones internacionales -FMI, OCDE, Comisión Europea, entre otros- y después son los mercados los que castigan la mala gestión de las arcas públicas. Para contener ese riesgo de que España comience a arrojar unos desequilibrios que castigue el colmillo del mercado es necesario tomar una única decisión sobre el reparto intergeneracional del coste, y esa decisión es quién lo va a pagar. El dinero que va a costar se sabe, numerosos informes proyectan el peso del gasto en pensiones con todos los factores demográficos que lo condicionan, así que cualquier reforma debe ir en la dirección de repartirlo de la forma más justa, equilibrada y repartida posible para que no recaiga con intensidad extrema en una sola generación. Y, para ello, hay que actuar cuanto antes y comunicar a la ciudadanía la tozuda realidad que espera a las Cuentas de la Seguridad Social. Es la única forma de financiar el desajuste con el compromiso de todos los agentes afectados por él.