Un enero ‘caliente’ para el Pacto de Toledo

La presión sobre los miembros de la Comisión Parlamentaria aumenta a medida que
la Legislatura socialista se acerca al precipicio del adelanto electoral para que se eleven las recomendaciones al Consejo de Ministros. El primer trimestre del año será clave para el futuro de la reforma de pensiones

26 dic 2018 / 19:51 H.

El Pacto de Toledo afronta la hora de la verdad con la entrada del nuevo año. La presión para que el documento con las recomendaciones de reforma del sistema público de pensiones se eleve lo antes posible al Consejo de Ministros crece con el horizonte electoral de 2019, pero sobre todo con el acercamiento del Gobierno central al precipicio del adelanto electoral. Así, según los cálculos que manejan miembros cercanos a la negociación, en el primer mes del año se podría tener listo el documento de recomendaciones, y en última instancia el debate en el Congreso de los Diputados de reforma de la Ley de la Seguridad Social tendría lugar en el primer mes del año.

De ser así, la Comisión Parlamentaria encargada de proponer una modificación del texto que regula las pensiones creía cumplido su objetivo dos años y medio después de que en octubre de 2016 echase a andar el grupo de trabajo, que más allá, en sus últimos acuerdos, ha sentenciado a muerte la reforma llevada a cabo por el PP en 2013, cuando se fijó el concurso del Índice de Revalorización de las Pensiones que ha supuesto una subida de facto anual del 0,25 por ciento hasta este 2018 y del Factor de Sostenibilidad que ligaba la cuantía de la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida de las personas.

Sin embargo, el primer mes de enero se prevé caliente para el Pacto de Toledo toda vez que aún quedan algunas recomendaciones por abordar e incluso que desenredar, como ocurre con la 16, referente a los sistemas complementarios a la partida pública, donde se produjo una nueva división en el mes de noviembre que aún no ha podido superarse, principalmente a cuenta de las desgravaciones fiscales a las aportaciones a los planes de pensiones privados, correspondientes al tercer pilar.

Lo mismo ocurre con el caso de la primera recomendación, referente a la sostenibilidad financiera del Sistema, donde tras el parón veraniego se abordó la posibilidad de desviar más de 10.000 millones de euros de compromisos de la Tesorería a cargo de los Presupuestos Generales. Sin embargo, parece que este sería uno de los puntos de revisión para el primer mes de 2019.

Por otro lado, la cuestión de la viudedad, que aún no se ha tratado con profundidad en la Comisión parlamentaria parece que será otro de los caballos de batalla antes de cerrar una reforma de las pensiones. Precisamente, este es uno de los elementos cruciales de las eventuales modificaciones por su proyección histórica y por su atemporalidad en términos de regulación. Aquí, lo que se entrará a dirimir es la conveniencia del actual modelo de pensiones de viudedad y orfandad, sobre todo con las primeras, ya que la situación vital del viudo o viuda en estos momentos dista mucho de la que podía tener hace 30 ó 40 años, principalmente por la integración en el mercado laboral de la mujer, que ha permitido contar con carreras de cotización más amplias y que ha permitido generar derechos de pensión a la mayor parte de la población española.

En este sentido, parece claro que los partidos políticos han puesto el acelerador en las negociaciones, con encuentros informales cada semana, para sacar adelante el primer borrador de lo que sería la reforma de la Seguridad Social. Así, tratarán de aprovechar la tranquilidad del enero vacacional en el Congreso para intensificar los contactos -cabe recordar que el Ejecutivo ha solicitado que enero sea mes hábil en el Congreso para poder gestionar la tramitación de los Presupuestos Generales- y lograr un desenlace antes de que se inicie el rally electoral.

Premura institucional

En este sentido, también hay que recalcar que el trabajo de la Comisión del Pacto de Toledo se ha encontrado fiscalizada desde todos los ámbitos del entorno político-institucional y de los medios de comunicación debido a la importancia que tiene el resultado de la reforma en el día a día de casi 6 millones de jubilados y 9,5 millones de pensionista, más aún después de las movilizaciones protagonizadas contra el entonces Gobierno de Mariano Rajoy al comienzo de este 2018.

“El Pacto de Toledo está trabajando bien. En 2016, se deberían haber reformado sus recomendaciones, pero no fue así porque ese año la legislatura fue muy corta. Después, la negociación ha estado bloqueada en los puntos 1 y 2. Pero, por suerte, en septiembre se llegó a un acuerdo para revalorizar las pensiones conforme a la revalorización del IPC”, repasó la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio en el recientemente celebrado Ágora de elEconomista en diciembre.

También desde la propia Comisión, su presidenta, Celia Villalobos, ha apremiado a los portavoces a alcanzar acuerdos y dejar de lado las divisiones para dar cuanto antes una respuesta a la sociedad sobre una cuestión de calado. “Es el momento de que esta Comisión dé los pasos adelante para resolver ya las diferencias entre los grupos políticos”, aseguraba la presidenta allá por septiembre, cuando tenía la esperanza de alcanzar un acuerdo antes de que finalizase el año. “No podemos prorrogarlo más. No podemos seguir aumentando la inquietud de los pensionistas, y todos los partidos políticos tienen la obligación de llegar a consensos”, añadía Villalobos.

También el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró hace pocas semanas que el Pacto de Toledo se ha convertido en un instrumento “que es una referencia internacional”. Además, asegura que la idea de sacar las pensiones de la contienda política de cada legislatura fue “un acierto” de anteriores Gobiernos, ya que se trata de una cuestión transversal e intergeneracional.

Sin embargo, el paso del trabajo de la Comisión ya lo marcó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar en julio que el Gobierno socialista, recién desembarcado en La Moncloa, tendía la mano a los partidos para “crear un nuevo Pacto de Toledo” y “abordar la cuestión de la sostenibilidad y dignidad del sistema de pensiones, clave de bóveda de nuestro modelo de bienestar”.