Trabajo subirá un 7%
la base máxima de cotización

La ministra Valerio asegura en el ‘Ágora de elEconomista’ que la Seguridad Social necesitará fondos procedentes de préstamos del Estado y de la ‘hucha’ para pagar
las pensiones en 2019

26 dic 2018 / 09:38 H.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, confirmó recientemente que el alza de las cotizaciones máximas finalmente será del 7 por ciento, siendo inferior a la horquilla que estudiaba el Gobierno hace algunas semanas, entre el 10 y el 12 por ciento, cifras que comentó el presidente de AIReF, José Luis Escriva, habían sido de su conocimiento en base a los planes del Ejecutivo. Así lo declaró durante El Ágora de elEconomista, patrocinado por Caser, celebrado recientemente en el Hotel Westin Palace.

En su alocución, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, subrayó en referencia a la subida de las cotizaciones máximas que se realizará “algo por debajo de un 10 por ciento”. Para llevar a cabo esta subida, el Gobierno deberá haber aprobado en el último Consejo de Ministros del año un Real Decreto Ley que ejecutará el alza de las cotizaciones. Todo ello, sin confirmar si repercutiría en un eventual incremento de las pensiones máximas. De este modo, la ministra garantiza el impulso a un elenco de medidas laborales que proseguirá con más cuestiones como por ejemplo la reordenación de los subsidios por desempleo.

Un préstamo para pensiones

Además, Valerio aseguró, en relación con la subida de las pensiones prevista para 2019 del 3 por ciento para las mínimas y del 1,6 por ciento para el resto con un coste aproximado de 5.300 millones de euros según el Banco de España, que el próximo ejercicio será necesario acudir a crédito para sufragar el coste de las pensiones, además de fondos procedentes de la conocida como hucha de las pensiones -en la que actualmente quedan 5.000 millones-, si bien espera que en 2019 no se extinga el Fondo de Reserva.

Así, reconoció que no le gustaría ser recordada como “la ministra que vació la hucha de las pensiones” en lo que explicó que su “esperanza” para evitar recurrir a los préstamos y a la hucha es el crecimiento de los ingresos por cotizaciones, que van a un ritmo superior al 5 por ciento. Además, apuntó la incidencia del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) acordado por los agentes sociales, de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del aumento de las bases máximas de cotización, así como la creación de empleo que espera continúe a buen ritmo. De hecho, recordó que para 2023 se deberá haber allanado el camino de las reformas para preparar el “trasanlántico de la Seguridad Social” de cara a la jubilación de la generación baby-boom.

Precisamente, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, vino a echar más leña al fuego de la incertidumbre al reconocer, de forma paralela al acto de Valerio, que en el Ministerio de Trabajo están “todos rezando” para que no se desvíe la inflación, ya que “no se tiene ni la norma ni el dinero” para compensar a los pensionistas en caso de que el IPC supere la subida de las pensiones aplicada este año, del 1,6 por ciento. El secretario de Estado explicó que esto sucede porque los Presupuestos Generales del Estado para 2018 no recogían la paga compensatoria a los pensionistas si se desviaba la inflación sobre el objetivo para la famosa paguilla.

Del mismo modo, en el ámbito de las pensiones, la titular de Trabajo recordó que su Gabinete es contrario a elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años. De hecho, recordó que la jubilación parcial con contrato de relevo será más complicada por las restricciones de las reforma de 2012. “El real decreto aprobado intenta facilitar el proceso en el sector manufacturero para que puedan salir adelante. Lo ideal es que se extienda a todos los sectores para que pueda estar en marcha en 2019”, anunció.

Pacto de Toledo

En este sentido, la ministra señaló que todas estas cuestiones se están tratando en la comisión del Pacto de Toledo, tanto que ha alcanzado consensos fundamentales para la futura sostenibilidad del sistema público, como la revalorización de las cuantías en función del IPC y la separación de fuentes de financiación. “El Pacto de Toledo está trabajando bien. En 2016 se deberían haber reformado sus recomendaciones, pero no fue así. En 2017 encalló en las recomendaciones primera y segunda, lo que bloqueó la negociación. Pero en septiembre se llegó a un acuerdo para revalorizar las pensiones conforme al IPC y de reordenación de los gastos del Sistema. “Hay gastos de la Seguridad Social que sí deben pagarse con Presupuestos. El sistema solo debe soportar las prestaciones contributivas. Políticas de paternidad y maternidad, bonificaciones, reducciones y tarifas planas deben pagarse a través de impuestos”, dijo Valerio, abogando por hacer justicia redistributiva y cohesión social para no tener que ir a remolque de revueltas, que es lo que ha pasado con el sistema público de pensiones”.

Autónomos

En referencia a las negociaciones del nuevo sistema de cotización para autónomos, la ministra de Trabajo señaló que espera que se alcance un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social antes del cierre de año. “La nueva cotización de los autónomos debe salir adelante y espero que llegue a buen puerto antes de Navidad. De momento, la Mesa de Diálogo Social -CCOO, UGT, CEOE y Cepyme- no me ha comunicado que estén en desacuerdo con el pacto que alcanzamos con las asociaciones de autónomos”, destacó la ministra horas antes de producirse el desencuentro entre los agentes sociales a cuenta de la contrarreforma laboral del PP de 2012.

Valerio recordó que este sistema de cotización es una medida transitoria hasta diseñar el sistema por tramos en base a los ingresos reales que se comenzará a preparar en el próximo año 2019 y que requiere un cruce de datos con la Agencia Tributaria, aunque señaló que este pacto tiene aspectos que revisar, como es el del cese de actividad de los autónomos. “Se recaudan 150 millones al año por cese de actividad y solo otorgan 16 millones de euros al año en estas prestaciones. Son muy pocos autónomos los que cobran el cese de actividad a pesar de cotizarlo, porque las condiciones exigidas por las mutuas son muy duras”, señaló.