Sin noticias de la carta de las pensiones

Siete años después de que la ley fijara la obligación de enviar el ‘sobre naranja’, el único recurso oficial para calcular la jubilación es un simulador web que sólo usan el 10% de los trabajadores

23 jul 2018 / 16:15 H.

El envío de la carta de las pensiones sigue sin materializarse, sumido en una espera sine die. En 2011 se fijó por ley la obligación de enviar anualmente a cada trabajador una misiva que reflejara la estimación de su futura pensión pública, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy no procedió al envío y detuvo sin explicación el proceso, para el que mediante concurso público ya se habían designado dos empresas que se encargarían de la impresión y el reparto. Pero el nuevo Gobierno del PSOE parece que tampoco acelerará el procedimiento de esta carta ya que, según fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, la prioridad del gabinete de Magadalena Valerio será llevar a cabo actuaciones dirigidas a visibilizar y hacer notar la subida de las pensiones en el bolsillo de los jubilados, en este caso en relación al IPC. Además, expertos de la materia apuntan a la estrecha viabilidad de un procedimiento que puede verse afectado por las eventuales reformas pendientes del resultado de la negociación en el Pacto de Toledo, y que podrían modificar los futuros cálculos, de modo que no se espera que el Ejecutivo abra este melón en los próximos meses. Aunque sí habría algún pronunciamiento al respecto, toda vez que la norma ha sido incumplida por el PP y fue impulsada en la reforma de las pensiones del PSOE de 2011. En 2014, se manifestó la voluntad de enviar el conocido en Suecia como sobre naranja a los trabajadores mayores de 50 años, pero tampoco se llevó a cabo. Para paliar esa desinformación, el Ministerio de Empleo, encabezado entonces por Fátima Báñez, creó una web con un simulador a través del portal Tu Seguridad Social. Según una encuesta de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Inverco, sólo el 23 por ciento de los trabajadores conoce su existencia y sólo la mitad de ellos lo utiliza. Es decir, que sólo uno de cada diez españoles ha recurrido a esa web oficial a calcular la estimación de su futura jubilación.

Sucede además que ese simulador logra todo menos aproximar la cantidad que se cobrará de pensión, porque no incorporó los topes ni el efecto de la inflación. De este modo, en función de los numerosos datos que solicita la citada web genera supuestas pensiones de, por ejemplo, 4.000 euros mensuales, que no son sino una falacia, ya que el Sistema tiene fijada la pensión máxima en los 2.580 euros. Ello deriva en que se haya frustrado el objetivo de brindar más información al trabajador, que era la voluntad de la ley que fijó la obligación de mandar la carta de las pensiones, ya que la información recibida no es orientativa y tampoco ayuda a planificar el ahorro complementario o a tomar decisiones sobre cuándo jubilarse. Y ése es precisamente uno de los problemas que vienen reseñando todos los actores del llamado segundo pilar y tercer pilar: los de la previsión social complementaria, tanto de carácter individual como a nivel de empresa.

Según el citado estudio, el 90 por ciento de los españoles asegura que planificaría mejor su jubilación si recibiera información de forma anticipada por parte del Estado sobre la pensión pública estimada que percibirá en su jubilación. Además, el mismo informe desvela que el 78 por ciento de los encuestados desconoce la obligación legal que se atribuyó al Ejecutivo de informar por carta del cálculo estimado de la futura pensión, una obligación que se estableció por ley en 2011, mientras que el 77 por ciento asegura que desconoce la existencia del simulador web que el Gobierno de Mariano Rajoy lanzó en noviembre de 2015. Y, de quienes lo conocen, sólo la mitad lo ha utilizado, lo que supone unos cuatro millones de personas, según calculaba la Secretaría de Estado de la Seguridad Social antes del reciente cambio de Gobierno.

Única potencia europea que no envía esta información

Diez países de la Unión Europea envían la carta de las pensiones, en la mayoría de los casos con periodicidad anual: se trata de Alemania, Austria, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia. No todos lo hacen de la misma manera. Los trabajadores alemanes, austriacos, irlandeses, italianos, británicos y suecos reciben esta información anualmente; mientras que los finlandeses la reciben cada tres años, hasta pasar a periodicidad anual en el tramo de edad próximo a la jubilación; en Francia se remite la misiva quinquenalmente; y en Portugal bajo solicitud del cotizante, al igual que en Croacia.

En estos casos, varía la edad a la que se comienza a recibir la carta. Alemania y Reino Unido establecen la edad para comenzar a ser informado en 27 años siempre que se lleven al menos cinco años cotizados; Finlandia, en los 18 años; y Francia en los 35. Suecia no establece una edad concreta y estipula que sus ciudadanos reciban esta información desde que comienzan a cotizar. En la misiva no sólo se consigna la estimación de la jubilación futura; también se informa al receptor de cómo funciona el sistema de pensiones de su país. En el caso de Reino Unido, el informe incluye además previsiones de sostenibilidad del sistema.

En España, se fijó en 2011 la voluntad legal de que se enviara anualmente y en 2014 se incluyó en el proyecto un sistema de tramos según el cual se enviaría en principio a los mayores de 50 años, al año siguiente a los mayores de 40, y a partir de 2016 a todos los ciudadanos con 5 años cotizados.

Fuera del ámbito europeo también se ha protocolizado y generalizado el envío periódico del sobre con la información de las pensiones en Canadá, Chile, Estados Unidos y Japón.

Lastre para el ahorro complementario

Como señalan los expertos consultados por elEconomista Pensiones, la omisión de ese deber agrava el problema de desinformación que aqueja a los cotizantes españoles, complica la adecuada planificación del retiro y la previsión complementaria, lastrando el recurso a vehículos de ahorro a largo plazo que complementen la pensión.

La planificación financiero fiscal se torna más complicada e incierta ante la ignorancia de cuál será la renta futura y con cuánta aportación es necesario complementarla, ya que la desinformación por parte de la esfera pública provoca que no se pueda calcular con tino cuánta cantidad aportar a la previsión complementaria. Como explican los expertos consultados por esta publicación, lo que sucede es que para el Ejecutivo el envío plantearía problemas: “La carta informando de la futura pensión podría suponer un compromiso escrito y generaría expectativas que, de no cumplirse, podrían derivar en problemas, incluso de tipo jurídico, para la Seguridad Social”, explica el profesor del CEF, Juan Fernando Robles, quien añade que “en un entorno legislativo que augura próximos cambios en las pensiones, ni el Gobierno anterior, que hizo la promesa, ni éste, que puede desvincularse de ella, pueden ver apropiado reflejar por escrito las exiguas pensiones que van a corresponder, puesto que sin duda tendría un coste electoral y, además, es probable que deban rebajarlas”. No en vano, la reforma de 2013 -desbaratada por el acuerdo del PP y el PNV para salvar los Presupuestos de 2018- incluía un coeficiente reductor para las nuevas pensiones, ligado a la esperanza de vida: el llamado factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor se ha pospuesto pero sin salir de la agenda política.