Moncloa tira de hucha y crédito para
pagar las pensiones a cierre de 2018

El Ejectuvo también afronta un desembolso en el inicio de año cercano a los 2.800 millones de euros por el alza de pensiones con la inflación y la compensación por la desviación del IPC de este ejercicio

26 nov 2018 / 18:42 H.

La abultada factura de la nómina de pensiones ha hecho claudicar al Gobierno en su intención de abonar la paga extra de Navidad únicamente con la recaudación por cotizaciones y el préstamo procedente del Estado previsto en el Presupuesto de 2018. Finalmente, tal y como se anunció recientemente en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo financiará la nómina ordinaria y la extra de noviembre, y la del último mes del año, con recursos adicionales por valor de casi 11.000 millones de euros: 6.330 millones procedentes del préstamo presupuestario, otros 3.000 millones que se extraerán de la conocida como hucha de las pensiones y 1.500 millones más de una ampliación de crédito.

Tal y como señalan fuentes oficiales a elEconomista Pensiones, estos últimos 1.500 millones no tendrán ningún impacto en el déficit público, ya que éste se calcula en términos de contabilidad nacional, que aplica criterio de devengo, toda vez que se obtienen de dos partidas ya presupuestadas: unos 500 millones en créditos sobrantes de otros conceptos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y casi 1.000 millones en créditos del INSS con previsión de expedición en 2019, pero presupuestados en 2018, que no iban a utilizarse en este momento y se destinan a este menester a través de una modificación en el crédito del INSS.

Todo ello para hacer frente a un desembolso extraordinario de 18.000 millones de euros, correspondiente a las dos pagas de noviembre, aunque la extra se abona según la Ley de la Seguridad Social el primer día hábil de diciembre -1 de diciembre en este caso-, incluyendo la subida del 1,6 por ciento aplicada a finales de julio, además de la nómina ordinaria del mes de diciembre, lo que incrementará aún más si cabe la presión sobre la Tesorería de la Seguridad Social.

De hecho, el mejunje de fuentes de financiación que concurrirán en el pago del cierre de año incluye dos errores de predicción del Gobierno: por el lado negativo, el Gabinete de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, descartó tras la llegada al Ejecutivo la extracción de más recursos de la hucha de las pensiones -dispondrá de 3.000 millones en noviembre- y por el lado positivo, según el comunicado oficial, en mayo, la previsión del Comité del Fondo de Reserva realizada por el todavía Gobierno del PP era utilizar 5.000 millones para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social. Sin embargo, gracias al mejor comportamiento del empleo y la recaudación por cotizaciones se han establecido estas necesidades financieras en 2.000 millones menos que entonces.

Además, el Ministerio de Trabajo recuerda en la nota oficial sobre estas nuevas disposiciones que los desajustes tienen su origen en un problema contable, ya que la aprobación de la subida de las pensiones al 1,6 por ciento fijada en la negociación presupuestaria de mayo “se realizó sin hacer la previsión en el estado de ingresos de la cantidad necesaria para financiar este gasto”.

De hecho, el actual Gabinete de Trabajo se queja de que tampoco se asentó económicamente la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52 al 56 por ciento abonada a finales de año, y desliza que estos compromisos adquiridos “vulneraron la legislación presupuestaria y los reglamentos del Congreso y del Senado”.

Todo ello implica una mayor presión para la Tesorería del Sistema, que solo por la subida del IPC advierte un pago de 2.800 millones extra en 2019 en concepto de pensiones y refrendan la coyuntura de “tensiones financieras” que vaticinó allá por septiembre el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, cuando explicó que su equipo trabajaba para encontrar los resquicios en el Presupuesto heredado para conseguir la financiación extraordinaria y no presupuestada que precisaría para este momento.

Presión inflacionista

Del mismo modo, la presión al alza de los precios está desconfigurando las previsiones del Gobierno sobre el gasto en pensiones. Tras el repunte de los últimos cinco meses por encima del 2 por ciento, y con el último dato correspondiente al décimo mes del 2,3 por ciento, la Seguridad Social afronta un encarecimiento de la factura de pensiones de 2.800 millones en 2019 entre la subida anunciada por el Ejecutivo en función del IPC, que sumará a la nómina ordinaria 1.800 millones de euros, y el pago que se realizará en enero por la desviación de las previsiones de inflación para el presente ejercicio -del 1,6 por ciento-, calculado en 1.000 millones más.

Esta será la primera consecuencia del repunte de los precios para el gasto de la Seguridad Social en la partida de pensiones, más aún después de que el Pacto de Toledo acordase una fórmula de revalorización ligada al IPC y de que el Gobierno de Pedro Sánchez asumiese ese consenso. Es más, este aumento de las cuantías estaría garantizado aun con las Cuentas del PP prorrogadas, ya que en ellas se incluye el acuerdo entre populares y el PNV para que las cuantías se eleven también en 2019 con la inflación.

En el escenario más duro, de mantenerse la inflación en el 2,3 por ciento, la paga única de enero ascendería a 700 millones en el caso de las pensiones contributivas y de 300 millones en las no contributivas -cabe recordar que a final de julio ya se realizó el primer desembolso extraordinario del 1,6 por ciento pactado entre PP y PNV por valor de 1.600 millones-. Así, la inflación sería responsable de un factura de 2.600 millones en 2018 -incluida la compensación de enero- y de 1.800 millones más en 2019, o 2.800 millones si se computa el gasto de enero en la nómina del próximo año.

Sin embargo, de cumplirse las predicciones de menor alza inflacionista en los últimos meses, ante un escenario del 2 por ciento, se traduciría en un ahorro de la llamada paguilla de 300 millones, de modo que la compensación de enero ascendería a los 700 millones entre contributivas y mínimas.