Los socios de Sánchez pedirán
más gasto en pensiones

Todos los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura, a excepción de PNV y PDeCAT, abogan por mantener el incremento del gasto en pensiones en función del IPC sin tomar medidas de contención

20 jul 2018 / 13:05 H.

Podemos

El principal apoyo de Pedro Sánchez en la moción de censura, con sus 67 diputados en el Parlamento, aboga por derogar las reformas del sistema público de pensiones del año 2011 y 2013, impulsadas por el PSOE y PP, respectivamente. De volverse a la situación previa, el gasto de la Seguridad Social sufriría un incremento al recuperarse la edad de jubilación a los 65 años -en 2011 se pactó elevar esta edad a los 67 años- y mantener el IPC para revalorizar todas las prestaciones y aplicar medidas en el mercado laboral, como la subida de los salarios para elevar los niveles de cotización.

ERC

El partido nacionalista catalán siempre se ha alineado en el Parlamento con los postulados que plantean una revalorización de las pensiones en relación al IPC, con el objetivo de mantener el nivel de vida de los jubilados. Antes del acuerdo entre el PP y PNV para la subida de pensiones ligada a la inflación en 2018 y 2019, ERC ya llevó al Congreso junto con Unidos Podemos, PNV, PDeCAT y Compromís una propuesta similar, a la que se sumó el PSOE. Desde la formación abogan por completar ingresos del sistema con partidas del Presupuesto, ante la insuficiencia de las cotizaciones.

PDeCat

El PDeCat pide apuntalar una fórmula que garantice el poder adquisitivo de los pensionistas y que pivote sobre el IPC pero que sea capaz de adaptarse en tiempos de crisis. El portavoz del partido en el Pacto de Toledo, Carles Campuzano, pide un modo de revalorización de las pensiones que funcione de manera adecuada en tiempos de crisis, para que en esos tiempos de ciclo económico recesivo se proteja especialmente a los pensionistas más modestos, mientras que al resto se les debería poder reclamar un esfuerzo de contención durante dicho periodo de dificultad para las cuentas del sistema.

Nueva Canarias

La formación aboga por garantizar las pensiones con la reformulación de las relaciones labores y la derogación de la reforma laboral para poner fin a la precariedad y al descenso de las cotizaciones, la recuperación de la negociación colectiva y la adopción de medidas que permitan conciliar la actividad laboral y la personal o familiar, como instrumentos para generar empleo de calidad y salarios dignos. Si a través de estos mecanismos no se asegura el modelo público, desde Nueva Canarias se aboga por complementar el sistema con medidas fiscales que doten de ingresos extra al sistema.

PNV

Aunque la primera de las demandas del PNV es culminar la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco, la formación nacionalista pactó con el Gobierno de Rajoy una subida de las pensiones del 1,6 por ciento en 2018 y 2019. Además, para sostener el sistema, el PNV aboga por una reforma tributaria que incorpore figuras como la tasa sobre las transacciones financieras y la revisión de la imposición a los beneficios de grandes multinacionales. También reclama que se articulen sistemas de previsión social complementaria en empresas y se fomenten los planes privados.

EH Bildu

Los dos diputados de la formación radical nacionalista fueron necesarios para sacar a Rajoy de La Moncloa, pero su propuesta en materia de pensiones parece difícil que llegue a buen puerto. Bildu exige al Gobierno como punto de partida que se transfieran las competencias de la Seguridad Social al Gobierno del País Vasco para articular un sistema de pensiones exclusivamente regional. Hasta entonces reclaman al PNV complementar las pensiones más bajas, de modo que en cuatro años se garanticen pensiones mínimas de 1.080 euros, con especial atención al incremento del IPC.

Compromís

Compromís aboga por incrementar los ingresos de la Seguridad Social, que deberán garantizar la suficiencia del sistema a través de las fuentes de financiación necesarias, mientras que los traspasos de fondos a la Seguridad Social se deben ejecutar no como préstamos, lo que endeuda el sistema, sino en transferencias, lo que supondría ingresos y, por tanto, una mejora en las cuentas del sistema. Además, según la formación, si se acabase con la brecha salarial de género el Estado dispondría de 10.000 millones de euros más al año en forma de cotizaciones para pagar las pensiones.