Los presupuestos asumirán
10.500 millones del coste de pensiones

El Pacto de Toledo avanza hacia la separación de fuentes y apremia a que las Cuentas Públicas se hagan cargo de partidas hasta hoy asumidas por los Presupuestos de la Seguridad Social: resulta “urgente”, aduce el borrador de la ‘Recomendación Uno’

25 oct 2018 / 18:28 H.

El Pacto de Toledo ha cerrado la redacción de la Recomendación 1 dedicada a la “consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero” que apremia a que los Presupuestos Generales de cada año se hagan cargo de determinadas partidas, hoy asumidas por los Presupuestos de la Seguridad Social, según fuentes del Pacto. No obstante, insisten en que esta recomendación, como la número 2 que establece la revalorización del IPC, a pesar de estar acordadas podrían sufrir variaciones, pues el pacto incluye el acuerdo conjunto de las 21 recomendaciones que están actualmente en proceso de revisión. Aunque la redacción número 1 no explicita el coste que puede suponer para los Presupuestos Generales, las partidas que proponen sacar de la Seguridad Social, como mínimo, suman 10.500 millones con datos de 2018.

Aunque el borrador, al que ha tenido acceso elEconomista, no recomienda fechas para que los Presupuestos asuman estos costes, sí apunta que “en el momento presente resulta urgente” recuperar el equilibrio en las Cuentas, para lo cual considera “preciso” habilitar fórmulas que alivien el déficit de las pensiones, ya sea “desplazando costes” o “allegando recursos distintos a las cotizaciones sociales”.

Según el texto de la Recomendación 1, el Pacto se expresa en términos muy duros y recrimina a los anteriores Gobiernos su tardanza en acometer la separación de fuentes de financiación. El texto establece que “es necesario que, de una vez por todas, sea aplicada de manera inflexible la regla de que las reducciones en las cotizaciones sociales, así como cualquier tipo de políticas de fomento del empleo sean financiadas con cargo a recursos provenientes de la fiscalidad general, evitándose de manera definitiva su pago con cargo a las cotizaciones, dado que por bienintencionada que sea una política de empleo, su financiación con cargo a las cotizaciones sociales pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

El coste de las reducciones, según un informe de ERC, alcanza los 1.265 millones de euros. No obstante, ésta no es la única partida que piden sea financiada con impuestos. El borrador considera necesario suprimir -“efectuar una limpia”, decía un borrador anterior- las “cargas impropias del sistema, en el sentido de que sean financiadas con cargo a la fiscalidad general”.

Esas cargas son las ayudas a sectores productivos concretos, la anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades, el tratamiento favorable de la cotización de algunos regímenes o sistemas especiales, o mejoras en las prestaciones como el complemento de pensiones por maternidad, entre otras. Según los cálculos de ERC, el complemento de la pensión de maternidad absorbe este año 219 millones, y el déficit de regímenes especiales agrario, carbón y mar suponen otros 9.000 millones. Por tanto, como mínimo, el Pacto solicita 10.500 millones de euros a los Presupuestos Generales.

Pero la Recomendación 1 no se limita a pedir que se transfieran costes de la Seguridad Social a los Presupuestos. El Pacto de Toledo hace referencia a la conocida como deuda histórica de la Seguridad Social, que cuantifica en más de 27.000 millones de euros. “En cuanto al balance económico-patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social, los datos que obran en poder de la Comisión reflejan, a día de hoy, un desfase aproximado de 27.168 millones de euros -en un borrador anterior lo cifraban en 17.168 millones- en contra de la Seguridad Social”.

En la versión anterior se especificaba que se trataba de “un balance del sistema de Seguridad Social sobre préstamos recibidos del Estado”. Lo que supondría que los créditos que han venido recibiendo para abonar pensiones, especialmente las extras, no sólo no tendría que devolverlas, sino que el Estado le sigue adeudando esos 27.000 millones de euros.