Los organismos internacionales
rechazan ligar pensiones al IPC

Los principales organismos internacionales coinciden en advertir al Gobierno que
la revalorización de las pensiones conforme al alza de la inflación solo puede llevarse
a cabo con medidas complementarias para no comprometer el equilibrio financiero
de la Seguridad Social

29 oct 2018 / 19:22 H.

La intensa batalla que han dado los jubilados durante 2018 en protesta por la revalorización del 0,25 por ciento que recoge el IRP de la reforma de 2013 impulsada por el PP, con la demanda de cambiar el modelo de actualización de las pensiones ligando el incremento de las cuantías a la evolución de la inflación no ha tenido su reflejo, ni su aprobación, por parte de los principales organismos internacionales que analizan la evolución de la economía española.

Tras el acuerdo anunciado por el Pacto de Toledo para subir las pensiones en función del incremento de los precios de consumo, las advertencias a la cuarta potencia del euro no se han hecho esperar y han trascendido del entorno comunitario. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su preocupación por el rumbo que toma la reforma del Sistema, que se negocia en el Pacto de Toledo desde octubre de 2016, al término de la visita realizada en el mes de octubre. En el informe de conclusiones, el Fondo apunta a que la medida de volver a vincular la pensión con la tasa de inflación “puede hacer peligrar la sostenibilidad del Sistema”, siempre y cuando ésta se aplique de forma aislada y no vaya acompañada de un paquete integral que equilibre los ingresos y gastos de la Seguridad Social.

Concretamente, el Fondo calcula que la vinculación entre pensiones e IPC elevaría el desembolso del Estado en esta materia entre un 3 y 4 por ciento sobre el PIB en los próximos 30 años. “Un gasto de esta magnitud ha de verse contrarrestado con otras medidas estructurales”, sentencian desde el FMI, al tiempo que constatan que la progresiva pérdida de poder adquisitivo de los jubilados “es muy difícil de revertir”. Sin embargo, cabe reseñar que la reforma de pensiones es una de las tareas pendientes que el organismo reclama al Gobierno, aunque la exigencia se enmarca dentro de una alabanza sin ambages que los técnicos del FMI hacen de la economía de nuestro país a tenor de las reformas laborales impulsadas tras la crisis, a las que atribuyen el 20 por ciento del avance de las exportaciones.

En este sentido, algunas de las actuaciones que el organismo refleja como necesarias para sostener nuestra economía pasan por reimpulsar el ajuste fiscal y “continuar con el espíritu reformista del mercado de trabajo”, donde se aboga por un plan para acabar con la dualidad entre los empleados con contratos fijos y temporales.

Europa ‘apuesta’ por la reforma del PP de 2013

Desde Europa, la mayor crítica a la decisión tomada por el Gobierno socialista la realizó la propia Comisión Europea a tenor del acuerdo entre el PP y PNV para los Presupuestos de 2018 que recogían una subida del 1 por ciento para todas las pensiones -en línea con el IPC previsto a cierre de año-, además de un incremento del 3 por ciento para las más bajas.

Así, la Comisión defiende en sus llamamiento al Ejecutivo el denominado factor de sostenibilidad que vincula las pensiones a la esperanza de vida y cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para el año 2019. “Es una buena forma de conciliar la sostenibilidad y la adecuación de los sistemas de pensiones en el contexto del envejecimiento de la población”, sostienen en contra de la decisión de aplazar su entrada en vigor hasta el año 2023. Sin embargo, también advierte de que este mecanismo “tiene un fuerte componente generador de desigualdad entre las pensiones de los jubilados antes de la aplicación de la reforma y los que se jubilan a partir de 2019”.

No por ello aprueba la tendencia, toda vez que la CE asegura que las reformas recientes del sistema de pensiones -la llevada a cabo por el PP en 2013- tendrán un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema”, sostiene el informe. “En el contexto de los déficits presupuestarios a corto plazo de la Seguridad Social, el Gobierno debería pensar en cómo reequilibrarlos al tiempo que aborda las cuestiones de sostenibilidad, considerando medidas para garantizar un aumento de los ingresos y medidas para garantizar pensiones eficientes y efectivas de gasto”.

En lo que se refiere a la subida con el IPC como referencia, la Comisión ve esta decisión como un elemento de incertidumbre que compromete la corrección del déficit público de la Seguridad Social, que ascendía a cerca de 18.000 millones en el año 2017 y superará los 16.000 millones este año.

Precisamente en este foro llegó la crítica más dura para el Gobierno, la de su propia ministra de Economía, Nadia Calviño, quien en una rueda de prensa posterior a la reunión del Ecofin celebrada este mes en Luxemburgo criticó subir las pensiones únicamente con el IPC. “Sobre este asunto concreto de las pensiones, yo siempre he dicho, y es la posición del Gobierno, que se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos solo en un parámetro”, explicaba apuntando a la concurrencia de otros factores como la demografía, el empleo, el crecimiento de los salarios, así como el número de años cotizados o la tasa de sustitución.

Por último, el tercer organismo que ha ajustado las cuentas a España a raíz del acuerdo adoptado en el seno del Pacto de Toledo ha sido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

Desde esta institución, sus representantes han sido taxativos a la hora de desaprobar la subida de pensiones con el IPC. Así, aunque aseguran que es comprensible la necesidad de revalorizar las cuantías de las prestaciones; también creen que España no se lo puede permitir a no ser que introduzca medidas “impopulares” para reequilibrar las Cuentas.

Así, Hervé Boulhol, responsable de Pensiones en la División de Trabajo y Política Social de la OCDE, asegura que algunas de las medidas que pueden acompañar a la revalorización con la inflación son “elevar la edad de jubilación o recortar las pensiones futuras, o aumentar los ingresos vía cotizaciones o impuestos”. De hecho, en la media de países de la OCDE el incremento de las pensiones se hace en un 70 por ciento en función del precio de la vida y un 30 por ciento restante en base al salario previo a la jubilación.

Más allá, Boulhol ve una desventaja añadida en esta empresa para España por el funcionamiento del mercado de trabajo. “Nosotros no evaluamos las reformas del sistema de pensiones en España, pero estudios como el del Banco de España reflejan que el Sistema era sostenible con las reformas de 2011 y 2013”, explica al tiempo que considera necesario que España logre tener una oferta laboral más flexible y dinámica, ya que funciona peor que en el resto de países de la OCDE, lo que además sitúa a nuestro país en una posición más expuesta ante una eventual recesión.