Los futuros planes de pensiones de empresa, similares al modelo vasco

El Pacto de Toledo se abre a exportar el modelo complementario del País Vasco al resto de España, aunque debate sobre la gestión de los ahorros por parte de entidades con o sin ánimo de lucro

26 nov 2018 / 18:54 H.

Los planes de pensiones complementarios han entrado de lleno en la negociación del Pacto de Toledo. Si bien parece haber una profunda división en torno a los planes de pensiones privados, a día de hoy parece existir un consenso amplio sobre los correspondientes al segundo pilar: el ahorro individual a través de la empresa.

Parece que la mayoría de los grupos vería con buenos ojos exportar al resto de España el modelo vasco de Geroa planteado en el seno de la comisión por parte del PNV. Sin embargo, el debate está en los extremos de implantación de la propuesta. Las claves troncales de los exitosos planes de empresa vascos están por un lado en la gestión de los ahorros por parte de entidades sin ánimo de lucro, lo que “imprime un carácter social” a este tipo de ahorro, explican fuentes cercanas a la negociación, y por otro lado en la tutela por parte del sector público, a través de una normativa que acote los criterios de gestión en términos de inversión para garantizar la rentabilidad de los ahorros.

Sin embargo, el modelo que se aplica actualmente en las pocas compañías nacionales que cuentan con estos planes de ahorro es de aportaciones gestionadas por entidades con ánimo de lucro, como es el caso del plan de los trabajadores de Telefónica, gestionado por el BBVA. En este sentido, aunque el PSOE considera este debate un desvío de la negociación sobre cómo afianzar el sistema público -tarea encomendada a los grupos del Pacto de Toledo en la segunda legislatura inconclusa de Mariano Rajoy- es partidario de que convivan ambos modelos de modo que las empresas, autónomos o mutuas sectoriales se acojan al que consideren oportuno.

En este extremo, tanto Podemos como ERC y Compromís rechazan que se esté tratando en el seno de la Comisión la incorporación de sistemas de ahorro alternativos, ya que el objetivo es “garantizar y potenciar el sistema público”, aunque deslizan que se encontrarían más cómodos en una recomendación 16 que de facto distinguiese entre el segundo y el tercer pilar -correspondiente a los planes de pensiones individuales- y que en el segundo de ellos se imprima un carácter social, ya que el terreno de las aplicaciones de las desgravaciones al ahorro individual parece intransitable.

Del mismo modo, y con menos éxito, el PDeCat planteó que estas aportaciones en el marco de la empresa las realice el trabajador de forma obligatoria, y gestionada por agentes privados, tal y como ocurre en el modelo de Reino Unido. De otro lado, desde Ciudadanos se propone también sin gran acogida que estas retenciones sean atribuidas a una cuenta individual, pero recaudadas y gestionadas en última instancia por la Tesorería de la Seguridad Social, en lo que se acercaría a un modelo de cuentas nacionales.

Propuesta del PNV

Concretamente, la propuesta que ha introducido el PNV en el seno de la comisión parlamentaria se basa en el modelo implementado en el País Vasco, conocido como Geroa, centrado en el segundo pilar de ahorro para la jubilación a través de la empresa. Estos planes de pensiones funcionan de modo que empleadores y trabajadores de los sectores adheridos a la entidad Geroa aportan mensualmente un porcentaje de su salario a favor de cada trabajador y siempre para cubrir su propia jubilación, a diferencia del sistema de reparto de la Seguridad Social, donde los trabajadores en activo aportan para cubrir las pensiones de los pasivos actuales. Esta entidad de ahorro vasca es ajena a cualquier tipo de grupo financiero u organismo público -es decir no tiene ánimo de lucro-, y se dedica a gestionar e invertir en activos financieros con el objetivo de conseguir mayores prestaciones.

Como se ha mencionado, las aportaciones se llevan a cabo en medida similar por empleado y empresario, suponiendo para el trabajador una desgravación en el IRPF, por lo que sí cuentan con un incentivo desde el sector público. Así, el dinero acumulado a través del plan de pensiones de empresa fina se compone de las aportaciones de ambas partes, sumado a los rendimientos obtenidos por la inversión de los fondos.

En este sentido, el modelo que se buscaría implementar en el resto del tejido productivo español, se articularía a partir de aportaciones voluntarias pactadas en la negociación colectiva entre patronales y sindicatos, y con una tutela estatal, si bien quedaría por determinar la entidad gestora final, con o sin ánimo de lucro. Como se ha mencionado, el control público se sustanciaría en el acotamiento de los niveles máximos de aportación, aunque principalmente en los parámetros de inversión del ahorro. Además, se está planteando que el capital ahorrado estaría ligado a la carrera del empleado, conservándose en el cambio de empresa, lo que se conoce como la mochila austriaca.

Precisamente, el punto de la negocación colectiva ha generado varios puntos de vista. Grupos como Podemos, ERC y Compromís apuntan hacia una conveniencia de estos planes de pensiones, siempre y cuando la negociación colectiva se lleve a cabo en los términos previos a la reforma laboral de 2012, cuando se limaron los mecanismos de presión de los sindicatos. Sin embargo, la envergadura de esta demanda conllevaría una contrarreforma laboral, una cuestión que ya ha sido descartada en numerosas ocasiones por parte de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Por otro lado, el PP y otro partidos parecen reacios a la propuesta, no tanto por la aplicación teórica, sino por la elevada probabilidad de no ser viable en el resto del tejido productivo nacional. De entrada, el 95 por ciento de las empresas españolas cuenta con menos de 10 empleados, es decir son pequeñas o medianas compañías, y además la crisis ha fumigado el 8 por ciento del total del tejido productivo, con los consecuentes cortes en la carrera de cotización de sus empleados.

Sin embargo, estas condiciones no se han reproducido en el País Vasco, con una destrucción de puestos de trabajo y cierre de compañías menor que en el resto del país, lo que conlleva unas carreras de cotización más largas, en este caso de aportación a los planes de pensiones de empresa, y sostenidos en el tiempo. Dentro del Pacto del Toledo se sustentan las dudas a la implantación del modelo vasco por las diferencias entre la empresa vasca y la nacional. La primera emplea a más de 50 trabajadores de media, y su estructura productiva es menos sensible a las crisis.

No obstante, pese a estas suspicacias que rodean la implantación del modelo vasco, parece claro que el documento final que el Pacto de Toledo espera elevar al Consejo de Ministros antes de que finalice el año incluirá una cláusula para potenciar los planes de empresa. Menos sencillo parece el acuerdo en torno al tercer pilar, el de los planes de pensiones contratados de forma individual, donde los partidos de izquierda no estarían dispuestos a avanzar en la desgravación fiscal de las aportaciones.