La revalorización con el IPC viene para quedarse

Ya no hay marcha atrás. El regreso a la actualización de las pensiones con el IPC,
tras cuatro años consecutivos de aplicación del 0,25%, ha aglutinado las distintas voluntades en el Pacto de Toledo

26 jun 2018 / 19:01 H.

El reciente desmantelamiento del modelo de actualización de las pensiones que rigió desde 2014 hasta el pasado ejercicio, en el que éstas se actualizaban un 0,25 por ciento, ha derivado en el regreso al Índice de Precios de Consumo (IPC) como factor de actualización de estas prestaciones. Una vez resucitada -tras el acuerdo presupuestario- la subida de las jubilaciones en función del alza del coste de la vida, la lógica política ha evidenciado la dificultad de dar marcha atrás.

Tanto es así, que el Pacto de Toledo, en su primera reunión tras el cambio de Gobierno, el pasado 12 de junio, inició el camino a la reinstauración de la inflación como índice de revalorización de las pensiones. Una vez alcanzada la unanimidad en ultimar un acuerdo “sobre un mecanismo anual de revalorización de las pensiones que tenga como contenido básico garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas que tome en cuenta de manera medular en su configuración la evolución del IPC” , como consta en el cuarto borrador de la Recomendación 2 del Pacto, las discrepancias surgen en otras materias: las posturas de los distintos partidos difieren en torno a si es preciso hacer una excepción y no aplicar la inflación de forma generalizada en tiempos de crisis o recesión, en si deben subir todas las pensiones al mismo ritmo o se debe proteger a las más bajas en detrimento de las altas, en si procede aplicar alzas adicionales en años de bonanza, o en si además de la evolución de los precios hay que tener en cuenta otras variables, como el crecimiento económico y los salarios.

Discrepancias entre los grupos

Ahí vienen los escollos de la negociación, en la que, además, la Comisión -y con especial énfasis, el PSOE- implica a sindicatos y patronal en el marco del diálogo social. En cualquier caso, tanto los socialistas como Unidos Podemos y ERC rechazan la idea de que sólo se blinde el poder de compra de las pensiones más bajas en tiempos de crisis, para “no enfrentar a los pensionistas”, como señala la representante del PSOE en la Comisión, Mercè Perea. Estas tres formaciones, y también Compromís, defienden que todas las pensiones suban por igual incluso en años de anemia económica. De hecho, Podemos manifiesta que sólo aceptará excepciones “en positivo”. Así pues, y sensu contrario a lo planteado por los más reacios a elevar la factura de las pensiones, lo que propone es que en tiempos de bonanza estas pagas se mejoren por encima del IPC.

El Partido Popular, Ciudadanos y PdeCAT son partidarios de que sólo las más bajas se blinden con la inflación y de que, en momentos de dinamismo económico, se apliquen subidas mayores que compensen el ajuste soportado por las pensiones más altas durante los tiempos de crisis. El debate está también en si se debe ponderar el IPC con algún otro factor de cara a fijar un índice de subida vinculado a más variables, algo que, a juicio de PdeCAT y PNV, ayudaría a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas de forma continuada y más estable en el tiempo que la que supondría la aplicación aislada de la inflación.

Con todo, es manifiesto el desbloqueo de las negociaciones en torno a la recomendación dos del Pacto de Toledo, la referida al mantenimiento del poder de compra y la mejora de las pensiones.

Visión de los expertos

Sobre la vuelta a la revalorización con el IPC hay diversas visiones en el arco parlamentario, pero lo cierto es que los expertos, calculadora en mano, ponen en evidencia el desenlace al que aboca esa estrategia. Así lo explicaba el director ejecutivo de Feda, Ángel de la Fuente, a elEconomista Pensiones: “En promedio, durante los próximos 40 años, la vuelta a la indexación universal con el IPC tendría un coste anual de unos 2,7 puntos de PIB. Para pagarlo, tendrían que subirnos a todos el IRPF en un 35 por ciento”, un resultado tan poco popular con el de la aplicación del 0,25 por ciento desde 2014. Por su parte, el investigador de la Universidad de Essex, Javier Santacruz, explica que indexar de nuevo las pensiones al IPC supone dar varios pasos hacia atrás en las reformas estructurales que se han acometido en la economía española en los últimos años. Aduce Santacruz que evitar que salarios y pensiones subieran con la inflación “fue clave para que nuestro país ganara competitividad frente al exterior y para encauzar el actual ritmo de crecimiento que ahora el nuevo Gobierno quiere usar para disparar el gasto público”. Sin haber hecho los ajustes anteriores, especialmente conteniendo el gasto en pensiones, no se podría estar hablando hoy ni de revalorizaciones por encima de lo que lo permite el déficit de la Seguridad Social y habría que haber aplicado medidas más perjudiciales y más duras como recortes nominales y reales de las pensiones desde 2012 e impuestos que habrían perjudicado la recuperación de la economía, concluye Santacruz.

En cualquier caso, el próximo debate que aborda el Pacto de Toledo se adentra en el terreno del lenguaje. Queda, pues, por delimitar qué se entiende por las pensiones más bajas o las pensiones más altas, así como delimitar exactamente qué periodo del ciclo económico será catalogado como crisis.