La falta de presupuestos obligará
a subir impuestos para pagar pensiones

La prórroga de la Cuentas aporobadas por el PP para 2019 deja en saco roto el incremento del gasto público en un 3,1%, hasta los 515.552 millones de euros para el conjunto de las administraciones. Así, las medidas sociales que quiera impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez tendrán que tramitarse mediante Real Decreto

26 nov 2018 / 18:49 H.

La falta de apoyo parlamentario por parte de los grupos independentistas catalanes para aprobar los Presupuestos obligará a Pedro Sánchez a gobernar a golpe de real decreto, si quiere sacar adelante sus medidas sociales estrella, como el aumento del salario mínimo profesional o la subida de las pensiones conforme a la evolución de la inflación. Medidas que, de salir adelante con la convalidación posterior del Congreso de los Diputados, aumentarán el déficit público de España, en un momento en que los vientos de cola que han ayudado al crecimiento de la economía en los últimos años se pueden dar la vuelta y cuando la situación en Italia ha vuelto a encender de nuevo la luz roja de los inversores sobre los países periféricos del entorno comunitario.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló en la última Cumbre Iberoamericana de Guatemala que se vería obligado a realizar una prórroga de los Presupuestos del año pasado y realizar las modificaciones necesarias en las cuentas públicas para aprobar las medidas anunciadas, para lo que tendría que usar los decretos leyes.

De esta forma, podría sacar adelante medidas de fuerte calado social entre los votantes de izquierdas, como la subida de las pensiones o el salario de los funcionarios, que podría financiar en parte mediante los impuestos a las tecnológicas o a las transacciones financieras, ya que la subida del IRPF a las rentas altas y al ahorro o el Impuesto de Sociedades no podrían realizarse por esta vía.

Pero esto tendría implicaciones económicas mucho más allá de las políticas, con la larga campaña electoral que comienza con las elecciones en Andalucía y se prolongan, de momento hasta mayo, con las municipales, las autonómicas y las europeas del próximo año. Ya el proyecto de los Presupuestos para 2019 que el Ejecutivo presentó a Bruselas alertó a las autoridades comunitarias sobre los desequilibrios que mostraban estas cuentas entre los gastos y los ingresos previstos, aunque entonces las autoridades comunitarias se mostraron cautas en sus críticas. Las previsiones de otoño de la Comisión Europea ven difícil que España pueda rebajar su déficit estructural por debajo del 3 por ciento, algo que preocupa en un entorno en que seguir contando con una reducción del déficit nominal por el efecto del ciclo económico se agota, y más allá podría devolver a España al rebaño de los países supervisados desde Bruselas por el elevado desfase entre ingresos y gastos de sus cuentas públicas.

Y gobernar por real decreto empeora la situación, porque aunque la prórroga de los presupuestos mantiene el déficit en el 1,3 por ciento del PIB proyectado en su momento por Cristóbal Montoro y no lo eleva al 1,8 por ciento ideado por su sucesora -hasta que se modifique la Ley de Estabilidad-, los decretos leyes también permitirían incrementar la posibilidad de gasto de las comunidades autónomas en algunas partidas, aumentando su endeudamiento.

A todo esto se suma que el rechazo de los Presupuestos italianos por parte de Bruselas, un hecho sin precedentes en la Unión Europea, despertó el temor de los inversores de que los países periféricos volvieran a una senda de gasto incontrolado. Y España, que acumula una deuda pública por valor del 98 por ciento de su PIB, podría situarse también en el radar si el cambio de ciclo de la economía se acelera y pilla al Gobierno de Sánchez sin unas cuentas creíbles.

Los ‘decretazos’ previstos

Entre las medidas que tiene en mente tratar de lanzar el Ejecutivo al margen de la ruta presupuestaria está la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El incremento del SMI a 900 euros mensuales finalmente se aprobará en diciembre. Además, está el anunciado incremento de las pensiones en relación con el IPC, que finalmente se aprobará con o sin PGE, una medida que tendrá un coste aproximado de 1.800 millones para 2019, aunque todavía no se ha confirmado esta cifra, ya que como en 2018 dependerá de la evolución de la inflación. También se estudia devolver el subsidio a parados mayores de 52 años, una medida que se integrará en el marco de un Plan para personas desempleadas de larga duración y se acompañará de medidas de refuerzo de las políticas activas de formación y empleo.

Creación de fuentes de ingresos

La subida de las pensiones con arreglo al IPC está garantizada para 2018 y 2019 según el pacto presupuestario alcanzado entre el PP y PNV para éste, pero la falta de unas Cuentas para el año próximo y la imperiosa obligación de cumplir la senda de déficit pactada con Bruselas hace que esta seguridad se torne en dudas acerca de cómo se va a acometer la revalorización de 2019. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aseguró recientemente que las cotizaciones sociales no son suficientes hoy día para pagar las pensiones, por lo que será necesario “pensar en complementar los ingresos” con recursos procedentes de los Presupuestos o con la creación de impuestos ex profeso para garantizar el equilibrio financiero del Sistema.

“Estamos hablando del impuesto a las transacciones financieras, de la tasa Google, del impuesto a la banca”, explicaba la ministra antes de que el proyecto presupuestario rubricado con Podemos saltase por los aires, asegurando que estas opciones se han puesto encima de la mesa.

Concretamente, aunque sin especificar los extremos, la titular de Trabajo se refiere a una cesta de impuestos que planteaba el Ejecutivo para aplicar a partir de 2019 y elevar así la recaudación primero y el gasto después. En ella se prevé desde una equiparación de la fiscalidad del diésel con la gasolina que dejaría en las arcas escasos 600 millones de euros, hasta el incremento del tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades al 15 por ciento, con un rédito de 4.000 millones de euros. Entre todos ellos sumarían algo más de 10.000 millones de euros, lo que supone poco más de la mitad de los 18.000 millones de déficit que acumula cada año la Tesorería de la Seguridad Social.

Con estas palabras, Valerio venía a dar la razón a su compañera en el Consejo de Ministros, la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien aseguró hace una semana que la subida de las pensiones con la inflación debía incluir más parámetros en el largo plazo. “No se referían a la sostenibilidad social del Sistema, sino a la financiera”, expresó Valerio, reconociendo que en el futuro harán falta más ingresos en la arcas de la Seguridad Social. Por último, Valerio apunta a la recuperación económica y del mercado de trabajo como la otra gran baza que tiene la Seguridad Social para recuperarse.

De hecho, estos factores coyunturales de producción y volumen de ocupación como acicate a la recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social son las nuevas apuestas del Ejecutivo, toda vez que la mencionada cesta de impuestos articulada en el proyecto de Presupuestos Generales quedará al albur del visto bueno de los partidos en el Congreso de los Diputados, y deberán ser aprobados uno a uno. Sin embargo, lo que sí está claro es que la subida de las pensiones y del salario mínimo se puede articular como gasto corriente, y simplemente implicaría un incremento del déficit público presupuestado y pactado con Bruselas.