La división de fuentes
no limará el déficit del sistema

Los expertos consultados por ‘elEconomista Pensiones’ aseguran que la separación de los gastos de la Seguridad Social es clave para aportar transparencia y orden, pero no acabará con el desequilibrio

29 oct 2018 / 19:34 H.

La Seguridad Social cerrará 2018, según las previsiones, con un déficit superior a los 17.000 millones de euros. Una sangría que viene reproduciéndose en los últimos años con incrementos continuos desde 2010 -el del pasado año fue el más alto de la historia al superar los 18.000 millones-, y que desde el seno del Pacto de Toledo analizan con atención para ponerle freno a través de la separación de fuentes de financiación del Sistema. Concretamente, los grupos parlamentarios apuntan a unas partidas que de salir de la Seguridad Social supondría un alivio como mínimo de 10.500 millones de euros, que se cargarían al Presupuesto General.

Sobre el plantel, la cuestión parece clara en términos de contabilidad, toda vez que estos gastos serán pagados de igual manera con el erario público. “A efectos prácticos es desvestir a un Santo para vestir a otro, pero en términos de orden, transparencia y de ejecución presupuestaria es necesario hacer esta separación”, explica el investigador de la universidad Essex, Javier Santacruz, sobre la conveniencia de llevar a cabo un proceso que “no se puede vender como un arreglo al déficit de la Seguridad Social, es que hay que hacerlo como condición previa a aclarar la maraña que existe y reestablecer la contributividad del Sistema”. De hecho, recuerda Santacruz que en la actualidad no sabemos ni qué compromisos existen ni de cuánta duración, algo que “es fundamental para hacer los cálculos actuariales y saber cuál es el escenario de déficit y qué actuaciones se podrán llevar a cabo” para limar este desfase entre ingresos y gastos.

Precisamente en esta línea, el secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), Manuel Álvarez, ve con buenos ojos esta medida desde el prisma de la transparencia: “Hay que dejar las cosas claras, en el sistema tiene que haber ingresos contributivos contra pensiones contributivas”, mientras explica que la situación contable es otra cuestión objeto de análisis en este caso.

“Los déficit, desde el punto de vista de contabilidad nacional, da igual tener un agujero entre ingresos y gastos en la Seguridad Social que en la Administración General del Estado. Eso es hacerse trampas al solitario, lo que hay que hacer es incrementar los ingresos del Sistema, aumentando el número de cotizantes, aumentando los salarios y también habrá que pensar si aumentar el tipo, aquí todo el mundo está mirando para el otro lado. Con todos estos ajustes sí se podría cuadrar el déficit de 18.000 millones”, señala el secretario general de Ocopen, asumiendo la teoría de los vasos comunicantes que no alejan la incertidumbre sobre el sistema público.

Así, la transparencia y la ordenación de la Tesorería de la Seguridad Social está en el fondo del proceso de separación de fuentes; sin embargo, ello implica una modificación de la contabilidad y las necesidades de financiación del Estado. Una cuestión que señala como primordial el profesor de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), Miguel Ángel Bernal, ya que “el déficit de la Seguridad Social se va a traspasar al déficit general. Ese dinero que se necesitará en Presupuestos puede salir de cualquier partida de gasto público. La clave es de qué partida va a salir esta medida”.

Y precisamente el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, advierte de que uno de los damnificados pueden ser las inversiones, ya que es una partida que históricamente ha sido objeto de recortes en busca del equilibrio de las Cuentas Públicas.

“Lo que necesita el Sistema es una solución definitiva. El tema de la sostenibilidad no lo han tocado por apego al voto y por la presión de los jubilados. Esto ha pesado mucho en la decisión del Pacto de Toledo. Tampoco veo bien la subida de impuestos para pagar las pensiones”, señala Pedraza, en una visión escéptica de lo que puede resultar de las negociaciones sobre la reforma de las pensiones que se lleva a cabo en la Comisión parlamentaria.

Así, el experto del CGE aboga por la implantación de unas políticas económicas “anticíclicas”, disminuyendo los impuestos y aumentando el gasto, “pero solo el que sea productivo”. Así, señala que los gastos de la Seguridad Social no son productivos, por lo que “estamos hablando de gasto que sirva para impulsar el crecimiento de la economía, y no gasto social que no tenga sentido”.

De este modo, el coordinador de la Secretaría de Empleo y Seguridad Social de UGT, Antonio González, explica que entre los gastos que está asumiendo el Sistema algunos no le corresponden, “como las políticas de empleo entre las que se encuentran las subvenciones a la contratación o las reduciones de cotizaciones, los gastos de funcionamiento y sostenimento de la administración de la Seguridad Social”. En este caso, González explica que las cotizaciones son para pagar las prestaciones, y que en el resto de las Adminsitraciones los gastos de personal, la adquisición de bienes y la inversión en activos corre a cargo de los Presupuestos”.