El Pacto de Toledo estudia hacer un fondo soberano con la ‘hucha’ de pensiones

El secretario de Estado de la Seguridad Social pretende modificar los criterios de inversión del Fondo de Reserva, que actualmente pierde dinero de forma ‘automática’

29 oct 2018 / 19:25 H.

Uno de los efectos más negativos de la crisis económica ha sido la caída de ingresos de la Seguridad Social a raíz de la pérdida de puestos de trabajo, la devaluación salarial, y la consecuente merma de la recaudación por cotizaciones. Este hachazo a las contribuciones que se ha producido durante los años de la Gran Recesión, ha afectado especialmente a la conocida como hucha de las pensiones. Este Fondo de Reserva se nutrió durante los años de bonanza económica con el superávit de un Sistema que recibía aportaciones de más de hasta 19,4 millones de trabajadores en verano de 2008, y con un salario medio superior al actual. De hecho, cabe recordar que la Seguridad Social no ha logrado sino ampliar la brecha entre gastos e ingresos en estos años a pesar de que a julio de este mismo ejercicio la afiliación sumaba a 19 millones de empleados, solo 400.000 menos que en el máximo de la serie histórica.

Con estos datos sobre le mesa se pueden entender varios puntos: por un lado, la merma de ingresos que ha sufrido la hucha de las pensiones, que llegó a contar con 66.815 millones de euros en 2011 y que hoy apenas atesora 8.000 millones, y por otro lado, los movimientos que desde el Pacto de Toledo se están realizando en conjunto con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social encaminadas a mejorar el rendimiento del Fondo.

Cabe recordar en este punto que una de las peculiaridades del remanente de las cotizaciones se invierte en productos financieros que aportan rendimientos al Sistema, en 2.500 millones de euros de media cada año desde 2011, alcanzando el máximo en 2015 cuando el reporte de estos réditos fue de 3.994 millones de euros.

Sin embargo, el Pacto de Toledo y la Seguridad Social estudian cómo mejorar esta rentabilidad de los ahorros del Sistema, más aún cuando a partir de un cambio de criterio por parte del anterior Gobierno del PP, que depositó estas inversiones en letras del Tesoro a corto y medio plazo, se ha traducido en la péridida automática de 24 millones de euros -34 millones si se toma el valor de la inversión a precio de mercado- debido al comportamiento negativo de estos productos de inversión. En concreto, el Fondo de Reserva reinvirtió durante 2017 más de 4.200 millones con una rentabilidad media de -0,372 por ciento, con lo que por primera vez desde 2000, el Fondo de Reserva tendrá una rentabilidad anualizada negativa en 2018.

“Lo razonable sería, una vez que se concluye con las disposiciones del ejercicio, abordar el nuevo ejercicio con una nueva planificación que permita invertir parte de la deuda a medio plazo o largo, y otra parte a corto plazo”, señaló el secretario de Estado en la última comparecencia ante el Pacto de Toledo en el mes de octubre.

Así, la idea que se sondea desde el Gabinete de Octavio Granado se realiza en dos actuaciones: por un lado, conseguir del Pacto de Toledo una flexibilización de los criterios de inversión y, por otro, la dotación monetaria progresiva de este Fondo que se podría realizar incluso con fondos provinientes desde los Presupuestos. El objetivo es configurar lo que se comportaría como un fondo soberano donde los excedentes de los españoles se beneficien de los modelos de inversión más arriesgados como ocurre en otro países de el entorno.

Concretamente, a lo que se refiere el secretario de Estado de la Seguridad Social es a la modificación, en clave de flexibilización de los requisitos establecidos en la tercera recomendación que el Pacto de Toledo elevó en la reforma del 2011. Aquí se pone negro sobre blanco que el “excedente de la Seguridad Social debe seguir incrementando la dotación del Fondo” -aquí se abriría la puerta a ingresos de otras fuentes-, además de que los “criterios de seguridad y solvencia deben orientar cualquier modificación de las normas que regulan la gestión del Fondo” -aquí es donde se flexibilizarían los criterios de la política de inversiones-.