El Gobierno se pone ‘al día’ con los pensionistas

Este mes se efectúa el abono de los retrasos acumulados entre enero y julio por la subida del 1,6% a los jubilados y en agosto se aplica el alza de la base del 52 al 56% para viudedad

20 jul 2018 / 12:53 H.

El Gobierno ha decidido ponerse al día con los pensionistas en el abono de la nómina actualizada con arreglo al acuerdo de Presupuestos Generales del Estado de 2018 alcanzado entre el PP y el PNV para el alza del 1,6 por ciento. De este modo, el pago de los atrasos acumulados entre los meses de enero y julio de este año son efectuados el día 27 de este mes. Así lo confirmó la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en su estreno en la comisión del Pacto de Toledo tras la llegada al Gobierno del PSOE. Concretamente, para ese día la Seguridad Social hace efectivo el pago con carácter retroactivo de la subida del 1,35 por ciento al conjunto de las 9,5 millones de pensiones, que sumado al 0,25 por ciento que ya computaba con arreglo a la revalorización aplicada por la entonces ministra de Empleo del PP, Fátima Báñez.

De este modo, a partir del 1 de agosto la nómina de las pensiones quedaría actualizada con el incremento de las cuantías, y como anunció la ministra en el Congreso de los Diputados, ese mismo día se incrementará la base reguladora del cálculo de las pensiones de viudedad desde el 52 al 56 por ciento de la renta generada por el difunto.

Con este horizonte que afronta el sistema en las próximas semanas, Valerio reconoce la necesidad de tomar medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, y por ende de las pensiones. En este sentido, la ministra de Trabajo señala que la recuperación de los empleos perdidos durante la crisis no será suficiente para sostener la Tesorería de la Seguridad Social.

Del mismo modo, Valerio señaló algunas medidas que plantea el Gobierno para elevar el volumen de cotizaciones al sistema, como igualar la cotización con independencia de la duración del contrato de tal manera que no se penalice la contratación indefinida frente a los contratos de corta duración -una semana-. Como explica la ministra, en estos momentos los procedimientos de imputaciones de festivos y vacaciones no trabajadas no garantizan a los trabajadores que dichas jornadas sean tenidas en cuenta, perjudicando su vida laboral, disminuyendo los ingresos del sistema e incluso planteándose como un incentivo perverso a la precariedad laboral al ser más barato cotizar por contratos de duración exigua que por otros más duraderos.

También se plantea restituir a los trabajadores desempleados de la acción protectora que se les retiró en 2012, es decir, la cotización para aquellas personas que hubieran agotado sus prestaciones contributivas a partir de los 55 años marcados por ley y la consideración de sus ingresos en clave personal en lugar de en clave familiar. Para ello, según el Gobierno, sería fundamental recuperar la base de cotización al 125 por ciento.

Aparte de estas medidas, entre las sugerencias deslizadas desde el Ministerio de Trabajo en el seno de la comisión del Pacto de Toledo está el reponer la cotización para las cuidadoras no profesionales en el Sistema Nacional de atención a las situaciones de dependencia o falta de autonomía personal. Ésta y la inclusión de las empleadas, en su mayoría mujeres, del hogar en el régimen general supondría un impulso a los ingresos por cotizaciones a cuenta de la entrada al sistema, y su consecuente regularización de dos nuevos grupos de trabajadores.

Además, se pretende extender la acción protectora a los becarios y estudiantes de grado y postgrado cuando realizan prácticas en empresas, para evitar que una situación formativa pueda enmascarar explotación laboral sin ninguna cobertura, además de posibilitar la suscripción de convenio especial para aquellas personas que han llegado a una edad adulta con importantes carencias en la cotización durante los años de la crisis.

Otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez es acabar con el cargo a la Tesorería del sistema de los gastos de gestión de la Seguridad Social y aprobar un Plan Director contra la Explotación Laboral para el periodo 2018-2020, que abordará la lucha contra los falsos autónomos, la temporalidad fraudulenta, la infracotización en los trabajos a tiempo parcial, la brecha salarial entre mujeres y hombres, las horas extras no pagadas, las falsas cooperativas, los falsos becarios, las malas prácticas de determinadas empresas multiservicios, entre otras actuaciones.

A pesar de esta batería de medidas, el Ministerio de Trabajo ya asume que el objetivo es lograr el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social “en 2022 ó 2023”, según Valerio. Esto significa que el Gobierno todavía tardaría entre cuatro y seis años en lograr el equilibrio financiero del Sistema condenando al agotamiento completo al Fondo de Reserva, popularmente conocido como la hucha de las pensiones. Además, la Seguridad Social seguiría endeudándose con el Estado, de modo que su desequilibrio patrimonial seguiría aumentando en los próximos ejercicios. Según la última auditoría de la Seguridad Social elaborada por el Tribunal de Cuentas, correspondiente al año 2016, la situación patrimonial arrojaba un saldo negativo de más de 13.000 millones de euros, que es más o menos el dinero que el Ejecutivo deberá detraer del préstamo concedido por valor de 15.000 millones del Gobierno a la Tesorería de la Seguridad Social en los últimos Presupuestos para afrontar la paga extra del mes de diciembre de este año.