El gasto social copa el 71%
de los ingresos fiscales

La equivalencia del dinero que el Estado destina para el pago de pensiones y otras prestaciones sociales asciende a cuatro de cada 10 euros de la recaudación tributaria de todas las Administraciones Públicas

25 sep 2018 / 13:32 H.

Cada año, la Agencia Tributaria incorpora en la declaración de la renta que se realiza en verano un pliego de información que recoge el destino de los recursos obtenidos a través de la recaudación impositiva de los ciudadanos. En este sentido, las últimas cifras disponibles son las de liquidación presupuestaria del ejercicio de 2017 y reflejan que algo más de siete de cada 10 euros -el 71 por ciento del total- se destinan a servicios sociales básicos, es decir, sanidad, educación, pensiones y otras prestaciones sociales, defensa, orden público y seguridad.

Pero, ¿a dónde va el dinero de nuestros impuestos? De estas partidas, las pensiones y otras prestaciones sociales, entre ellas las que se destinan al desempleo, se llevan la mayor parte de lo recaudado por el Estado y consumen el 40 por ciento del total. A una mayor distancia, le siguen Sanidad, un sector al que le corresponde el 14 por ciento de los fondos, y Educación, con un 10 por ciento de los recursos.

Los gastos destinados a Orden Público y Seguridad, por su parte, se llevan el 5 por ciento de los impuestos, mientras que los servicios de Defensa reciben el 2 por ciento de lo recaudado.

¿Y el resto? Al margen de los servicios públicos básicos, la partida de asuntos económicos, en la que se encuentran los gastos destinados a infraestructuras, agricultura, energía, emprendedores, entre otros, recibe nueve de cada 100 euros de los impuestos.

Cerca se encuentran los servicios públicos generales, es decir, los que se dedican a instituciones, ayuda al desarrollo u organizaciones internacionales. Esta facción se lleva el 8 por ciento de la recaudación. Los intereses de la deuda pública también figuran en el reparto recaudatorio al llevarse el 7 por ciento de los fondos. Las partidas de política de cultura, deporte y otros (2 por ciento), medio ambiente (2 por ciento) y vivienda y servicios comunitarios (1 por ciento) cierran la partición de lo que recauda el Estado vía impuestos.

Con todo ello, de cara a este año, el Gobierno espera obtener unos ingresos tributarios de 210.015 millones de euros, un 6 por ciento más que lo recaudado en el año 2017, y que supondrá un máximo en la serie histórica. Así, los ingresos previstos para el IRPF contemplan un ingreso de 82.056 millones de euros, un 6,5 por ciento más de lo efectivamente recaudado en 2017; para Sociedades, 24.258 millones, un 4,8 por ciento más; para IVA, 71.575 millones, un 5,6 por ciento más, y para impuestos especiales, 21.612 millones, un 6,4 por ciento más. El Impuesto de Sociedades es el único de los grandes impuestos que quedará lejos de los niveles de 2007, cuando superaba los 40.000 millones de recaudación. Esto es debido en gran parte a que los tipos reales a los que tributan las compañías están lejos del tipo general, que se sitúa en el 25 por ciento.

Las pensiones no se pagan con impuestos

En este punto, caber recordar que en España las pensiones públicas no se pagan con impuestos, sino con cotizaciones sociales. La relación del 40 por ciento de los ingresos tributarios destinados al pago de pensiones hace referencia a la proporción que se lleva esta partida de todos los recursos que obtiene el Estado en el conjunto de gastos, donde también entran las cotizaciones que recauda la Seguridad Social.

Sin embargo, a raíz de la situación deficitaria de la Tesorería del sistema protector, los partidos políticos, en el marco de la negociación del Pacto de Toledo, han abierto la posibilidad de que parte del gasto en pensiones se soporte con los Presupuestos Generales, es decir, con los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Sin embargo, la propuesta no parece una ocurrencia toda vez que las tensiones financieras y demográficas estrechan cada vez más el margen de maniobra de los gobernantes, ni tras la experiencia positiva de otros países, como Francia, que incorpora una figura impositiva finalista para el pago de las pensiones de las clases dependientes. En el caso de España, no se ha planteado esta posibilidad a la francesa de sufragar las pensiones, pero sí el hecho de que partidas como viudedad, orfandad y gastos de gestión de la Seguridad Social se carguen a los Presupuestos, con la consecuente adherencia a la recaudación tributaria.

En este punto, cabe ensalzar el ejercicio de transparencia que supone el envío de esta información para clarificar la gestión de la Administración y aportar a la concienciación ciudadana del recurso público. Más aún en un momento en el que el sector privado demanda que se comience a informar a los ciudadanos de la previsión para la cuantía de la pensión futura, una carta que debe enviar el Estado a los trabajadores mayores de 50 años, como se estipula en el marco de la reforma llevada a cabo en 2011.

Así, la información tributaria -o la conocida como factura sombra que emitía el Ministerio de Sanidad informando de la cuantía del coste de los servicios sanitarios recibidos por el paciente-, sumado al eventual envío del sobre naranja supone un avance en la relación entre el Estado y el ciudadano, más transparente, ya que permite una mejor gestión de los ingresos por parte del individuo.