El Ejecutivo debe convencer a Bruselas
tras el adiós a la reforma de 2013

El equipo económico del nuevo Gobierno socialista tiene que gestionar un desembolso en jubilaciones mucho mayor que Rajoy ante el horizonte del regreso a la actualización generalizada de las pensiones con la inflación

12 jul 2018 / 07:48 H.

El recién estrenado Gobierno socialista de Pedro Sánchez nace con el desafío de gestionar un gasto en pensiones un 30 por ciento mayor que el que se encontró Mariano Rajoy a su llegada al Palacio de la Moncloa en 2011. Es la herencia que reciben los socialistas del anterior Ejecutivo popular y del acuerdo alcanzado in extremis entre el PP y el PNV para salvar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Con todo, la nómina anual de pensiones de este año se puede elevar hasta los 147.334 millones, si a la previsión presupuestaria inicial de 144.834 millones añadimos los aproximadamente 2.500 millones extra derivados de la actualización general de las pensiones al 1,6 por ciento más la revalorización del 3 por ciento para las prestaciones mínimas y el alza de dos puntos, hasta el 56 por ciento, en la base reguladora de las pagas de viudedad. Esos más de 147.000 millones rebasan ya en un 30 por ciento los 112.658 millones de gasto anual en pensiones que se encontró Rajoy al inicio de su primer mandato, en 2011. No sólo eso, la nómina de pensiones de este año rebasará en un 6,2 por ciento la de 2017, que fue de 138.612 millones. Ese aumento supone duplicar el ritmo de crecimiento de los últimos años, habitualmente situado en el 3 por ciento.

Desigual aumento de los cotizantes y los ingresos

Así pues, el Gobierno de Sánchez -con Magdalena Valerio al frente de la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social- encara el reto de nivelar las cuentas de la Seguridad Social en un contexto en el que el aumento del número de ocupados será menor, según las previsiones, y en el que, además, el alza de la afiliación a la Seguridad Social no es correlativa al aumento de los ingresos por cotizaciones, debido a facilidades y bonificaciones como las tarifas planas para autónomos. Durante 2017, los ingresos por cotizaciones subieron un 5,7 por ciento, hasta los 115.816 millones, muy por encima del aumento del 3 por ciento experimentado por el gasto anual en pensiones pero insuficiente para cubrir un déficit que ya alcanza los 18.544 millones con el que cerró 2017.

En el horizonte está también el examen de Bruselas sobre nuestras cuentas públicas y la tarea de restaurar la credibilidad reformista del país, disminuida tras el carpetazo a la reforma laboral de 2013. Como explican los expertos consultados por elEconomista Pensiones, esa marcha atrás pasa una factura reputacional a España, habida cuenta de que unas medidas en su día aceptadas por Bruselas no han sido finalmente activadas. El acuerdo PP-PNV desmontó la revalorización del 0,25 y la entrada en vigor del factor de sostenibilidad que incluía la reforma de las pensiones de 2013, amén de haber sembrado el sendero del regreso a la revalorización generalizada de las pensiones con el IPC. Es decir, la hoja de ruta que en su día respaldó la Comisión Europea se ha desbaratado y el nuevo Gobierno debe ahora trazar un plan que convenza a las instituciones comunitarias del compromiso español con la disminución del déficit de la Seguridad Social.

Todo ello sucede en un contexto económico poco favorable para la reconducción de las cuentas del sistema. La creación de empleo muestra síntomas de agotamiento y, según las proyecciones, perderá intensidad desde el 2,4 previsto para este año hasta el 2 y el 1,9 por ciento previstos, respectivamente, para 2019 y 2020. Mientras, el crecimiento del PIB será menor del 3 por ciento en los próximos dos años, según las previsiones: el Banco de España apunta, en un reciente informe, que España crecerá un 2,4 por ciento el año próximo y un 2,1 por ciento en 2020.

No sólo eso, sino que el precio del petróleo presiona al alza el IPC al que se ligarán las pensiones. Con todo, el nuevo Gobierno socialista tendrá que enfrentarse también con el hecho de que para 2019 ya tiene servido de entrada un previsible aumento del gasto en pensiones de 2.500 milllones por efecto del petróleo en la revalorización de las pagas, unido a los 2.200 millones adicionales que para el año que viene suponen los parámetros de revalorización acordados por el Partido Popular con el PNV. En el plano interno, también encontrará el Gobierno escollos para enmendar la herencia de la era Rajoy. Así lo advierte el supervisor español, con Pablo Hernández de Cos al frente. En un reciente informe, el banco central advierte de que “en el plano interno, la actual fragmentación parlamentaria puede dificultar el proceso de consolidación presupuestaria y la adopción de reformas que aumenten el potencial de crecimiento de la economía”, escenario éste al que se uniría, según el Banco de España, algún episodio más de incertidumbre relacionada con la situación política de Cataluña.

El Ejecutivo debe convencer a Bruselas tras el adiós a la reforma de 2013

El ritmo de aumento del gasto en pensiones -redoblado para este año y el próximo- sitúa al Gobierno ante la tesitura de abordar la exacción de nuevos ingresos. De ahí que en sus planes esté la revisión de algunos impuestos y el estudio de nuevas figuras como el impuesto a la banca o la tasa tecnológica que el exministro Cristóbal Montoro puso sobre la mesa de debate para enjugar, sólo parcialmente, el gasto extra en la mejora del poder adquisitivo de los pensionistas españoles. Comienza, pues, la contrarreloj del equipo económico de Pedro Sánchez para, en un tiempo récord, con un horizonte de legislatura de dos años, diseñar y activar un plan de acción que equilibre no sólo las cuentas del sistema, sino también un poderoso conjunto de frentes de batalla: la fragmentación parlamentaria a la que alude el Banco de España, el sostenimiento de los acuerdos electoralistas alcanzados para salvar los Presupuestos, las promesas socialistas de mejorar las políticas sociales, el examen de Bruselas, y la retirada del viento a favor que vino acompañando al crecimiento los últimos años. Todo ello, con un legado de un gasto en pensiones superior en 35.000 millones al que se encontró Rajoy en 2011, casi todo lo que paga España anualmente en intereses de la deuda. No se lo han dejado nada fácil al nuevo Gobierno.

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