El destope de las cotizaciones equivale al 25% del déficit del sistema

La propuesta de Pedro Sánchez de levantar el límite máximo de cotización tendría un coste de 4.470 millones para las empresas y los asalariados, una cifra, eso sí, que supone cerca de un cuarto del actual déficit de la Seguridad Social, de 18.000 millones

26 jun 2018 / 19:20 H.

Destopar totalmente las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, como ha insinuado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, implicaría unos ingresos añadidos a la Seguridad Social de 4.470 millones de euros al año, según datos del propio organismo. O desde el otro platillo de la balanza, el millón de trabajadores afectados tendría que desembolsar 742 millones de euros más cada año mientras sus empresas verán aumentar sus costes salariales en 3.728 millones. No obstante, esos ingresos enjugarían un cuarto del déficit de la Seguridad Social, superior a los 18.000 millones de euros. La Comisión del Pacto de Toledo entró de forma somera en su última reunión a analizar sus posiciones respecto al destope de las cotizaciones, una vez que los miembros de dicha Comisión decidieron aparcar de momento las negociaciones sobre la Recomendación 2 del Pacto, dedicada a la revalorización de las pensiones. La portavoz de Podemos en la Comisión, Aina Vidal, reconoció que hay falta de consenso en lo referente al destope de todos los salarios. La formación morada considera que, por un principio de solidaridad, todos los trabajadores deben cotizar a la Seguridad Social en función de sus salarios. Y por esta solidaridad, según explica Vidal, el aumento de sus cotizaciones no se debe ver reflejado en unas mayores pensiones, pues entiende que deben congelarse.

Gerardo Camps, portavoz del PP en la Comisión y exsecretario de Estado de la Seguridad Social, explicó tras la reunión, que Podemos se queda solo defendiendo esa tesis, pues el resto de grupos, incluido el Partido Socialista, considera que hay que buscar un equilibrio entre al aumento de las cotizaciones de los salarios hoy topados y un incremento de sus futuras pensiones.

Medida “confiscatoria”

El año pasado, la base anual máxima de cotización se situó en 45.014 euros con una pensión máxima de 36.031 euros, lo que arroja una relación de 0,8 que se ha reducido este año a 0,76. Camps considera que si se destopa la base máxima sin incrementar la pensión máxima, supondrá que habrá trabajadores a los que la mitad de su cotización no les servirá para mejorar su pensión. “Niveles del 0,5 romperían la contributividad y serían confiscatorios”, dijo.

Por este motivo, el diputado del Partido Popular aclaró que la futura negociación se centrará en buscar un equilibrio entre la subida de la base máxima y la subida de la pensión que genere mayores ingresos que gastos.

Porque si la pensión máxima sube en la misma proporción que la base máxima, en un periodo de cinco años, supondría un quebranto para la Seguridad Social. Según datos oficiales, si se subiese un 2 por ciento tanto la base como la pensión mínimas, en el primer año los ingresos crecerán 249 millones y los gastos 200 millones. Pero a los cinco años, los ingresos subirán 1.151 millones, por debajo de los gastos que se elevarán a 1.163 millones, generando un déficit a la Seguridad Social de unos 15 millones de euros.

A noviembre de 2017, el 8 por ciento de los afiliados estaba cotizando por el máximo, es decir, por 45.000 euros al año. Lo que supone poco más de un millón de trabajadores. De ellos, 631.000 tenían unos salarios de entre 45.000 y 60.000 euros anuales que, si se produce un destope total, incrementarán su cotización de media un 14 por ciento; 246.000 están entre 60.000 y 75.000 euros con un aumento medio de su cotización de un 48 por ciento; 94.000, entre 75.000 y 90.000 euros, cuya cotización subiría un 81,3 por ciento, y 29.000 afiliados tienen salarios por encima de los 90.000 euros. Estos últimos verían un incremento medio de su cotización del 220 por ciento. Es decir, duplicarían con creces sus actuales aportaciones a la Seguridad Social.

De media, este millón de trabajadores tendría que abonar a las arcas públicas un 35 por ciento de media más cada año.

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